El abogado Francisco de Vargas afirmó que Pablo Suárez y María José Arce carecieron de intención de engaño y que la falta de entrega de cuatro departamentos del proyecto Cibera Park se debió a conflictos societarios judicializados que deben resolverse en el ámbito civil.
El juicio oral por la presunta estafa que involucra a Pablo Suárez y María José Arce, representantes de SUAR S.A., se desarrolla a raíz del reclamo por cuatro departamentos del proyecto Cibera Park, cuya construcción registra un avance aproximado del 70%. Según el contrato suscrito, los acusados se comprometieron a entregar esas unidades a los exjugadores Rodrigo Muñoz y Juan Manuel Salgueiro. La audiencia comenzó este viernes con la toma de declaraciones testimoniales, mientras que la etapa de pruebas documentales aún no se ha iniciado.
El abogado defensor, Francisco de Vargas, reiteró que el conflicto no debería ser analizado en el ámbito penal. “Desde nuestro punto de vista, esto no es una cuestión que deba debatirse en el ámbito penal, es una cuestión de orden civil, de cumplimiento de contrato. De hecho, hay demandas en lo civil en la cual esta cuestión debe dirimirse aún”, señaló.
Hubo conflictos societarios y paralización de la obra. De Vargas explicó que los querellantes reclaman los montos abonados por los departamentos “en pozo”. Detalló que los acusados conformaron una sociedad y avanzaron con la construcción del edificio, que alcanzaría un 70% de ejecución según la pericia que será presentada durante el juicio.
El abogado sostuvo que la obra se detuvo por desavenencias con los socios comerciales. “Se cruzaron demandas y hasta denuncias por hechos punibles”, afirmó, y subrayó que uno de los exsocios, Eduardo Klinger, está prófugo y con orden de captura vigente, hecho que, según la defensa, impidió la finalización del proyecto y la entrega de las unidades comprometidas.
Defensa insiste en ausencia de dolo, y asegura que no existió intención de engañar. “Insisto, acá los perjudicados son los acusados Pablo Suárez y María José Arce. Ellos están sufriendo un proceso penal por una supuesta estafa, cuestión que no existió. Ellos jamás han tenido la intención de estafar o de dejar de entregar esos departamentos, que están construidos en un 70%”, afirmó De Vargas.
Asimismo, mencionó que los acusados pagaron multas por retrasos, mantuvieron comunicación constante con los querellantes y ofrecieron alternativas de acuerdo. Sin embargo, precisó que “las pretensiones de los querellantes son muchísimo más elevadas que aquello que pagaron por sus departamentos”.
El abogado reiteró que el caso debe resolverse en el fuero civil, dado que existe un litigio paralelo relacionado con el mismo proyecto. “Esto es absolutamente injusto, no es estafa. Es una cuestión que, de hecho, está demandada y tiene que dirimirse en el ámbito civil”, señaló.
Finalmente, De Vargas manifestó confianza en una resolución favorable para sus clientes. “Seguiremos con el juicio y estamos convencidos de que vamos a lograr la absolución de los acusados que, insisto, están siendo injustamente procesados y, amén del perjuicio económico que han sufrido por no poder culminar el edificio, están sufriendo ahora este proceso penal”, concluyó.
