Se trata del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas, y deroga la Ley Nº 7238/2023 y la Ley Nº 7420/2024”, tuvo entrada recientemente en la Cámara de Diputados.
La iniciativa busca declarar en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores de la ley, dependientes del Ministerio de Justicia en el territorio de la República, hasta el 31 de diciembre de 2026.
El documento pretende mantener la declaración de emergencia penitenciaria, con el fin de continuar con la atenuación de la situación crítica por la que actualmente atraviesa el sistema penitenciario en materia de infraestructura, tecnología, seguridad, personal, formación y demás factores necesarios para el buen desenvolvimiento de la administración.
Asimismo, plantea modificaciones a los efectos de otorgar mayor flexibilidad a la hora de la contratación de personal.
Se contempla la excepción, con la modificación del artículo 3º, la cual permitiría contratar personal penitenciario de manera inmediata, cubrir vacancias críticas y evitar el colapso operativo; así como incorporar personal especializado en seguridad, inteligencia, tecnología o intervención rápida.
“Sin esta habilitación excepcional, el Ministerio de Justicia no puede responder a corto plazo, aumentando el riesgo de motines, fugas masivas y pérdida del control institucional”, señala el texto.
Además, la modificación prevé clarificación y ampliación del marco para gestión de recursos presupuestarios, en el artículo 4°.
La redacción actual de este artículo se encuentra limitada y poco precisa, según se desprende de la exposición de motivos, y agrega que esta situación genera dificultades para la ejecución presupuestaria en contextos de emergencia.
En ese sentido, la modificación propone facultar a la cartera de Justicia a gestionar recursos presupuestarios específicos, permitir su aplicación a infraestructura, tecnología, alimentación, recursos humanos y logística, abarcar “otras erogaciones” indispensables para atender necesidades impostergables.
También, se plantea la derogación de las Leyes Nº 7238/2023 y Nº 7420/2024, normativas que regulan materias vinculadas a la situación de emergencia penitenciaria y al alcance de las medidas adoptadas en dicho contexto; sin embargo, su coexistencia genera superposición normativa, duplicidad de disposiciones y zonas de incertidumbre que afectan la correcta aplicación de las normas.
En ese marco, se aclara que las derogaciones contribuirán a concentrar en una sola ley todo el marco regulatorio relativo a la emergencia penitenciaria.
El texto refiere, además, que un factor que debe preponderarse a la hora a analizar la emergencia penitenciaria, es la cifra de funcionarios penitenciarios que, a la fecha, “es excesivamente inferior a los estándares exigidos conforme a la alta población penitenciaria”.
Son proyectistas de esta iniciativa; los diputados Raúl Latorre, Rocío Abed, Miguel Del Puerto, Yamil Esgaib, Rodrigo Gamarra, Hugo Meza, Fabiana Souto y Marcelo Salinas.
