La Asociación del Espíritu Santo solicitó a la Fiscalía la ampliación de la investigación en torno a una presunta transferencia irregular de aproximadamente 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco paraguayo, cuyo valor estimado rondaría los 500 millones de dólares. La presentación apunta a operaciones realizadas a través de sociedades interpuestas, contratos suscritos fuera del país y el uso de estructuras offshore.
Entre las diligencias requeridas se encuentran pericias contables y financieras, el seguimiento de la ruta del dinero y la activación de mecanismos de cooperación internacional, ante indicios de simulación contractual y una eventual operación de lavado de activos.
Según el planteamiento presentado ante la Fiscalía, la maniobra supuestamente habría tenido como base una supuesta deuda de USD 15 millones, invocada para justificar la dación en pago de los inmuebles. No obstante, la defensa sostiene que dicha obligación nunca fue respaldada con documentación válida ni registrada en los estados contables correspondientes.
“Nosotros hemos propuesto una serie de diligencias, entre ellas una pericia contable para determinar si estos contratos de dación en pago son reales, si son producto de operaciones reales o simplemente de fachada; cuantificar el perjuicio económico; conocer cuánto se puede tributar y el valor patrimonial de los inmuebles transferidos; analizar la cadena de transferencias y otras cuestiones, incluido el impacto tributario”, dijo el abogado Francisco de Vargas, representante legal de la Asociación Espíritu Santo, quién detalló el alcance de las medidas solicitadas.
De acuerdo con la denuncia, los inmuebles —situados en las zonas de Puerto Casado, Puerto Pinasco y Fuerte Olimpo— habrían sido transferidos inicialmente a cuatro sociedades constituidas en Uruguay: Madera Dura S.A., Altos Prismas S.A., Aires del Molino S.A. y Fuente Brillante S.A., todas ellas representadas por Jesús González Losada.
Posteriormente, entre los años 2009 y 2013, esas empresas habrían cedido los derechos sobre las tierras a firmas offshore registradas en Chipre y en las Islas Vírgenes Británicas, entre ellas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, según se desprende del escrito presentado ante el Ministerio Público.
La parte denunciante considera que este esquema respondería a un patrón sistemático de simulación de deuda, presuntamente orientado a ocultar activos y eludir el pago de impuestos en Paraguay. En ese contexto, se solicitó que la Fiscalía requiera informes tanto a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) como a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Diracción Nacional de egistros Públicos, con el fin de verificar la existencia de reportes de operaciones sospechosas vinculadas a las empresas involucradas.
“Pedimos también las declaraciones de los denunciados. Solicitamos que se requieran informes a Registros Públicos y a la Seprelad, en caso de que existan operaciones o reportes de operaciones sospechosas vinculadas a estas cuatro empresas uruguayas”, añadió De Vargas.
Cabe recordar que existe una denuncia previa presentada por la Fundación para el Desarrollo Sustentable de América del Norte y del Sur ante la DNIT, por una presunta evasión tributaria. En ese planteamiento se estimó que el valor de la operación superaría los 300 millones de dólares, lo que podría convertir al caso en una de las mayores maniobras de evasión detectadas en el país.
Entre las personas denunciadas figuran Hyun Jin Moon, también conocido como Preston Moon; el empresario estadounidense Kiantar Betancourt; Gerónimo Amarilla Maciel; Diego Manuel Puente Yugovich; John Andrew Mowris English; Marciano Lorenzo Pessoa; Thomas Rutherford Field y Richard Perea, este último señalado como apoderado de las sociedades offshore en Paraguay.
