Se trata del proyecto de resolución “Que crea la Comisión Especial de Seguimiento, Control y Fiscalización del Cumplimiento de las Obligaciones Financieras del Estado” aprobado por el pleno durante su última sesión ordinaria.
La propuesta legislativa planteada por el presidente de la camara de diputados Raúl Latorre lleva además la firma de sus colegas Miguel Del Puerto, Rocío Vallejo y Hugo Meza, quienes plantean la necesidad de contar con una instancia especializada que permita fortalecer los mecanismos de control legislativo sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado, en el marco de los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y rendición de cuentas.
Según la exposición de motivos, el manejo de la deuda pública constituye uno de los aspectos más sensibles de la administración estatal, debido a su impacto directo en la estabilidad macroeconómica y en la capacidad del Estado para garantizar derechos y ejecutar políticas públicas.
En ese sentido, se considera que el Congreso, en su rol constitucional de control, debe ejercer un seguimiento sistemático sobre la evolución y cumplimiento de dichos compromisos financieros.
El documento establece que la comisión especial tendrá como finalidad monitorear, verificar y evaluar el cumplimiento del pago de las deudas contraídas por el Estado paraguayo, independientemente, de su naturaleza jurídica o fuente de financiamiento.
Asimismo, se prevé que el órgano legislativo pueda requerir informes a organismos y entidades públicas, realizar seguimiento del cronograma de pagos de la deuda pública interna y externa, y formular recomendaciones orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los compromisos financieros.
La comisión estará integrada por doce diputados miembros titulares y un número igual de miembros suplentes, designados conforme al criterio de proporcionalidad de las bancadas, lo que garantiza la participación plural de las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara Baja.
Igualmente, podrá solicitar la colaboración de instituciones públicas, organismos internacionales, especialistas y entidades de control para el cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de resolución dispone que la comisión contará con un plazo de 60 días, prorrogables, para la presentación de su informe final.
De acuerdo con los proyectistas, la conformación de esta instancia especializada permitirá centralizar información técnica, mejorar la calidad del análisis legislativo y reforzar los mecanismos institucionales de control, contribuyendo a resguardar el interés público y promover buenas prácticas en la gestión financiera del Estado. Fuente: Diputados.
