La Asociación Espíritu Santo, a través de su representante legal Francisco de Vargas, presentó un urgimiento ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que se impulse el tratamiento de un pedido de auditoría en una causa judicial iniciada en 2014.
El expediente, identificado como “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, refiere a un litigio sobre aproximadamente 310.000 hectáreas de tierras en el Chaco paraguayo, cuyo valor estimado ronda los 500 millones de dólares. La presentación fue ingresada este jueves.
De acuerdo con el planteamiento, la solicitud se sustenta en presuntas irregularidades detectadas durante el desarrollo del proceso. La defensa sostiene que estas situaciones se habrían originado en la etapa de primera instancia y se habrían extendido posteriormente al Tribunal de Alzada y a instancias de la propia Corte.
La causa se encuentra actualmente en el Juzgado del Vigésimo Sexto Turno, a cargo del magistrado Heinrich Fabián Von Lucken.
La representación legal de la Asociación aclara que el objetivo del pedido de auditoría no es, en una primera etapa, atribuir responsabilidades individuales. Señala que la finalidad es que, mediante un análisis técnico, se identifiquen eventuales irregularidades y posteriormente, se determinen las responsabilidades que correspondan.
El escrito de De Vargas también hace referencia a antecedentes en el ámbito legislativo. En ese sentido, menciona la Declaración N.º 549 de la Cámara de Diputados y la Declaración N.º 208 de la Cámara de Senadores, en las que el Congreso Nacional exhortó a la Corte Suprema de Justicia a resguardar una donación realizada por la asociación al Estado paraguayo en el marco de la Ley 3294/07.
Asimismo, se alude a la Ley 2532/05 que regula la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay. Según lo expuesto, esta normativa establece que las acciones de las sociedades que pretendan ser titulares de inmuebles rurales en dicha zona deben ser nominativas y no endosables, condición que, de acuerdo con la presentación, no se cumpliría en el caso de empresas offshore involucradas.
Recordemos que la ex jueza Tania Irún fue destituida en 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tras la cesión de tierras a cuatro empresas de maletín de paraísos fiscales, que no se encuentran registradas en Paraguay y que no se conocen quienes son las personas accionistas de las firmas offshore.
Durante el análisis en el JEM, el ministro de la Corte Luis María Benítez Riera señaló que la exmagistrada Irún «inobservo los requerimientos de la ley 2532/05, al momento de decidir en la causa, lo que coloco una situación de peligro al estado en lo que hace a su seguridad territorial. En tanto que el ministro Manuel Ramírez Candia advirtió que la exjueza al momento de firmar la cesión a empresas de maletín «se encontraba de vacaciones, adelanta sus vacaciones, comunica tal cosa pero sin que la corte haya dado por finalizado ese periodo de vacaciones, tomó la decisión, por lo tanto, técnicamente no tenía competencia en ese momento del dictado de la resolución».
Finalmente, el abogado De Vargas señaló que el urgimiento se fundamenta en disposiciones del Código de Procedimiento Civil y responde a la falta de respuesta a una solicitud de auditoría presentada el 18 de febrero de 2025.
