La agente fiscal Yeimy Adle formuló imputación contra una funcionaria judicial de la Sección Estadística de la jurisdicción de San Lorenzo por la presunta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo y tráfico de influencias en la función pública.
La misma fue detenida tras ser sorprendida en posesión de dinero previamente autenticado ante autoridad judicial, el cual habría sido entregado como pago para la supuesta obtención de una medida de arresto domiciliario a favor de un procesado por tenencia de estupefacientes.
En ese contexto, la representante del Ministerio Público solicitó al juzgado interviniente la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario, ya sea en el domicilio de la imputada o en el de un tercero, con monitoreo mediante dispositivo electrónico (tobillera). Asimismo, requirió la prohibición de comunicarse con funcionarios del Juzgado Penal de Garantías n.° 1 de San Lorenzo y con personal de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos (OMDEC) de la Policía Nacional.
Según los antecedentes de la investigación, la imputada habría solicitado la suma de siete millones de guaraníes al padre del procesado, bajo la promesa de gestionar la aplicación de una medida menos gravosa —arresto domiciliario con control de la tobillera electrónica— y la emisión de un informe favorable por parte de funcionarios de la OMDEC. Igualmente, habría manifestado contar con contactos dentro del Juzgado Penal de Garantías n.° 1, incluyendo a la magistrada, así como a otros funcionarios judiciales, y con personal de la citada dependencia policial.
