El juez de garantías Humberto Otazú autorizó la extracción de datos de tres teléfonos celulares incautados en la investigación contra una funcionaria judicial de San Lorenzo, imputada por supuesto tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.
La fiscal Yeimi Adle busca obtener registros de llamadas, mensajes, redes sociales e historial de ubicación que puedan aportar elementos a la causa contra Antonia Galeano, acusada de pedir dinero a cambio de gestionar de forma irregular un arresto domiciliario con tobillera electrónica para un procesado por drogas.