Los representantes legales de la Asociación Espíritu Santo recurrieron los rechazos de nulidad dictados por el exmagistrado Mirko Valinotti antes de ser apartado de su cargo por la Corte Suprema de Justicia.
La defensa técnica de la Asociación Espíritu Santo y de su representación legal interpuso recursos de apelación contra las resoluciones que rechazaron los planteamientos de nulidad en el marco de una causa penal por presunta frustración de la ejecución individual. Los fallos cuestionados fueron emitidos por el entonces juez penal de garantías, Mirko Valinotti, quien recientemente quedó fuera del Poder Judicial al no ser confirmado en su cargo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El proceso en cuestión fue impulsado por el abogado Esteban Sarubbi, quien sostiene que no pudo percibir una regulación de honorarios tras su labor en la causa “Cusabo Limited y otros s/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ Cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública” debido a una transferencia de inmuebles de la mencionada asociación a favor de su abogada patrocinante posterior al juicio de regulación. A raíz de esta denuncia, la agente fiscal María Angélica Insaurralde formuló la imputación contra los directivos de la entidad.
ARGUMENTOS. Los representantes de la organización religiosa sostienen que las daciones en pago cuestionadas se concretaron de manera previa al inicio del juicio de regulación de honorarios, argumentando que se trató de actos lícitos y descartando la existencia de dolo en el actuar de los directivos. Explicó que estas transferencias fueron en concepto de pago por sus servicios profesionales.
El abogado Francisco de Vargas también puntualizó que, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Catastro, la asociación es titular de 38 inmuebles que totalizan más de 230.000 hectáreas, y que sobre la institución no pesaba ninguna medida de prohibición de innovar al momento de realizarse las operaciones.
Ante este escenario, la defensa atacó la validez de la imputación a través de incidentes de nulidad que fueron denegados por el magistrado saliente.
«Todas estas nulidades y la excepción que han sido rechazadas por este juez están siendo objeto de recursos de apelación en este momento», afirmó el abogado Francisco de Vargas en declaraciones a la prensa.
SEGUNDA INSTANCIA Y NUEVO JUEZ.
Con la presentación de los recursos, las acciones jurídicas interpuestas deberán ser dirimidas por la Cámara de Apelaciones. Asimismo, el caso pasará a cargo de un nuevo juez debido a la decisión tomada tras la última sesión del pleno de la máxima instancia judicial.
«Es decir, hay otros magistrados que van a seguir actuando en el sentido de nuestro planteamiento y veremos cómo se comportan», acotó De Vargas, manifestando su expectativa de que las futuras actuaciones se ajusten estrictamente a derecho.
La Corte Suprema de Justicia resolvió esta semana no confirmar en el cargo al titular del Juzgado Penal de Garantías N° 10 de Asunción, Mirko Valinotti. En su reemplazo, el pleno designó al abogado Marcelo Saldívar, quien se desempeñaba como agente fiscal. La terna deliberada contó con la propuesta de confirmación del ministro Gustavo Santander para el juez saliente, mientras que la designación del nuevo magistrado fue impulsada por la ministra Carolina Llanes.
En paralelo, las actuaciones del Ministerio Público también se encuentran bajo observación institucional. En febrero de este año, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió analizar el desempeño de la fiscala María Angélica Insaurralde, a fin de determinar si corresponde el inicio de una investigación preliminar o un enjuiciamiento de oficio por la cuestionada imputación formulada contra los directivos de la asociación.
ANTECEDENTES. La caratula “Cusabo Limited y otros s/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ Cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública” tiene relación con el litigio de unas 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco, valuadas en aproximadamente USD 500 millones, las cuales se encuentran protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
En dicho proceso, cuatro empresas offshore radicadas en paraísos fiscales reclaman la titularidad de las mencionadas tierras chaqueñas.
A raíz de las determinaciones tomadas en este litigio en el año 2018 por la exjueza Tania Irún, ella fue acusada por presunto prevaricato tras ser expulsada de la magistratura por el JEM y confirmada su expulsión por la Corte luego de haber firmado una resolución de cesión de los referidos inmuebles rurales.
