La cartera estatal supeditó la demanda civil a la entrega de las constancias de escrituración en Puerto Casado. Ante esto, la Asociación Espíritu Santo solicitó copias del expediente ante el juzgado del Dr. Heinrich Von Lücken.
El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) resolvió profundizar su participación institucional en el litigio relativo a los inmuebles rurales localizados en el área de seguridad fronteriza del Chaco. Por medio de la Providencia N° 73/26 de junio de 2026, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, bajo la conducción del Dr. Javier Ortiz, solicitó formalmente a la Asociación Espíritu Santo la provisión de las copias que convaliden la transferencia de las fincas identificadas con la Matrícula R03-349 y el Padrón N° 1629 a nombre de la firma Firstar Investments Limited.
La disposición responde al requisito de la asesoría del ministerio, la cual determinó que el Estado paraguayo promoverá una acción autónoma de nulidad contra el citado acto registral.
Según explicó el abogado Francisco de Vargas, representante legal de la organización civil, el presupuesto jurídico requerido se configuró plenamente al materializarse la inscripción formal del traspaso dominial.
El profesional añadió que, además de la invalidez del acto sustancial, la situación amerita la apertura de expedientes administrativos y medidas disciplinarias contra los magistrados, notarios y funcionarios públicos intervinientes.
Conforme a lo resuelto por el titular del Ministerio de Defensa, Gral. Ej. (R) Óscar Luis González Cañete, la defensa de la asociación radicó una presentación ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial a cargo del magistrado Heinrich Von Lücken.
El escrito, que solicita intervención y expedición de copias de documentos relativos a transferencia de inmueble, pretende el desglose y autenticación de todo el soporte documental de la escrituración efectuada a favor de la mencionada offshore. Los antecedentes técnicos serán incorporados al expediente administrativo MDN N° 2584/2026, con el objeto de proveer las herramientas jurídicas para que la Dirección General de Asuntos Jurídicos derive las actuaciones a la Procuraduría General de la República (PGR), órgano constitucional encargado de iniciar las demandas patrimoniales en representación del Estado.
Para sostener la procedencia de la revisión estatal, De Vargas invocó los fundamentos expresados por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Prof. Dr. Luis María Benítez Riera, quien calificó de «insuficiente e incompleto» el estudio legal desarrollado en torno a las exigencias de la Ley N° 2532/05 de Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay.
El análisis de Benítez Riera remarcó que representó una falta grave omitir la constatación de si las firmas adquirentes poseían acciones estrictamente nominativas y no endosables, requisito indispensable para evitar la vulneración de la seguridad territorial en las fronteras.
La asesoría jurídica del Ministerio de Defensa se encuentra a la espera de las piezas certificadas por el juzgado civil a fin de complementar el análisis técnico y dar inicio formal a la demanda de nulidad civil, dirigida a revertir las transferencias formalizadas a favor de cuatro firmas constituidas en paraísos fiscales.
La controversia administrativa y penal deriva de los hechos ocurridos en el año 2018, periodo en el que la entonces jueza en lo civil Tania Carolina Irún Ayala suscribió una resolución que transfirió 310.000 hectáreas de tierras en el Chaco, con una estimación económica de USD 500 millones, a favor de cuatro corporaciones de maletín con sedes en Chipre e Islas Vírgenes Británicas.
A raíz de este acto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) —cuerpo colegiado integrado entonces por el actual vicepresidente de la Corte Suprema— dispuso la remoción de la magistrada. Posteriormente, el Ministerio Público formuló acusación por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, causa que actualmente aguarda juicio oral y público.
