Un Tribunal de Sentencia condenó a 7 años y 3 meses de prisión a la exfiscal Ana Girala, tras concluir que lideró un esquema de corrupción que operaba desde la Unidad Fiscal N.º 1 de San Lorenzo. Según la resolución, la exagente del Ministerio Público utilizó su cargo para extorsionar a investigados, exigir coimas y obtener beneficios económicos a cambio de imputaciones, salidas procesales o la omisión de acciones penales.
En la misma causa también fueron condenadas la exsecretaria fiscal Griselda Acha, a 6 años y 6 meses de prisión; la exasistente fiscal Christi Magali Ortega, a 4 años; el abogado Marco Velazco, a 2 años y 6 meses; y la abogada Liz Martínez, a 3 años y 6 meses. El Tribunal consideró acreditado que los integrantes de la estructura utilizaban el Ministerio Público para recaudar dinero mediante amenazas, extorsiones y pedidos de pagos indebidos.
Durante la lectura de la sentencia, las juezas señalaron que Girala encabezaba la organización ilícita, impartía instrucciones a sus colaboradoras y direccionaba a los investigados hacia abogados de su confianza, evitando la intervención de defensores públicos. Asimismo, indicaron que la entonces fiscal autorizaba, modificaba o impedía actuaciones fiscales que luego eran ofrecidas como «mercancías» a cambio de dinero, ejerciendo el control funcional del esquema.
La resolución también sostiene que cada integrante cumplía un rol específico dentro de la estructura para presionar a los usuarios del sistema de justicia. Entre los hechos probados figuran exigencias de dinero, pedidos de canastas navideñas, irregularidades en una causa de aborto y solicitudes de beneficios económicos para la devolución de vehículos. La condena se sustentó en declaraciones testificales y en la extracción de datos de los teléfonos celulares de los acusados, cuyas conversaciones permitieron reconstruir el funcionamiento del esquema de corrupción
