El abogado Francisco de Vargas resaltó que el proceso se destrabó tras una veintena de chicanas y que la expectativa de pena para Tania Irún es de hasta 5 años de cárcel.
El juicio oral y público a la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún ya cuenta con fechas definidas para su desarrollo tras sortearse múltiples dilaciones procesales. El abogado Francisco de Vargas, representante de la querella adhesiva por la Asociación Espíritu Santo, enfatizó la gravedad institucional del caso.
»La cuestión se destrabó por fin. Sabrás, que hubo una veintena de inhibiciones y recusaciones, apelaciones que que bueno, que empañaban el avance de esto. Pero finalmente se fijó para los próximos 22, 24 y 31 de julio para llevar a cabo el juicio oral y público a esta exmagistrada», detalló el profesional del derecho al referirse al proceso por presunto prevaricato.
Para la querella, el caso trasciende las fronteras del ámbito privado y se instala firmemente como un hecho de grave afectación al sistema de justicia nacional.
«Este proceso no es solamente importante para el derecho civil, estamos hablando también de actos que si se quiere de corrupción judicial, porque finalmente la que va a ser juzgada es una exmagistrada por dictar una sentencia contra el derecho», dijo.
El trasfondo de la acusación fiscal contra Irún guarda relación con la supuesta entrega irregular de unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas del Chaco. De Vargas recordó las circunstancias que rodean la polémica resolución firmada por la exmagistrada y la tipología de las firmas que resultaron beneficiadas en aquel entonces.
»Yo quiero recordar que aquí estamos hablando de una cuestión muy grave en la que esta exmagistrada ordenó la titulación de 310.000 ha ubicadas en zona de seguridad fronteriza, violando la Ley de Seguridad Fronteriza y otorgándole la titularidad a cuatro empresas offshore, de maletín, creadas en paraísos fiscales, violando la ley», manifestó el abogado de la Asociación Espíritu Santo.
Asimismo, el profesional expuso las supuestas contradicciones técnicas e irregularidades administrativas en las que habría incurrido la hoy procesada para viabilizar la polémica transferencia. Señaló que la normativa es sumamente estricta en cuanto al tipo de sociedades comerciales que pueden acceder a tierras en áreas limítrofes, una restricción que presuntamente fue omitida en el fallo judicial.
»La Ley de Seguridad Fronteriza prevé que esta estas tierras ubicadas en estos lugares no pueden ser inscritas a favor de empresas que tengan acciones endosables y no nominativas. La exjueza hizo eso estando de permiso y bueno, fue finalmente destituida por el JEM con voto de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia fundados, digo, porque los fundamentos fueron bien explícitos los ministros Luis Benítez Vera y Manuel Ramírez Candia», puntualizó De Vargas.
La querella también calificó de sospechosa la celeridad y la competencia de la exjueza para intervenir en el expediente, considerando que no le correspondía actuar por encontrarse en periodo de licencia y existiendo otro magistrado asignado para interinar el juzgado. De igual modo, cuestionó el análisis normativo plasmado en la resolución que desencadenó el escándalo judicial.
»Estamos hablando de que es llamativo que lo haga no siendo competente para hacerlo porque había otro juez designado y porque ella menciona en su resolución la Ley de Seguridad Fronteriza, pero hace una interpretación sesgada, Ella dice, ‘Bueno, aquellos a quienes le vamos a otorgar la titularidad no son oriundos de países limítrofes con el Paraguay.’ y se olvida de la segunda parte de la norma que habla de imposibilidad de transferir esto a empresas con acciones endosables. Habla también de que no se habían agregado los estatutos de las empresas al expediente y mientras en el expediente figura totalmente otra cosa», remarcó.
Ante la posibilidad de que surjan nuevos planteamientos dilatorios que busquen frenar el inicio del juicio en las fechas previstas, el abogado señaló que, aunque no hay garantías absolutas contra las maniobras procesales, confía en que los plazos se respeten debido al desgaste del caso.
»Por cierto, la expectativa de pena es hasta 5 años. No es una cuestión menor porque vuelvo a decir, estamos hablando de una ex magistrada», concluyó De Vargas.
El Tribunal de Sentencia estará integrado por la jueza Rossana Maldonado, como presidenta, acompañada por Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz como titulares, y Manuel Aguirre como suplente.
Entre los antecedentes del caso, recordemos que Tania Irún fue expulsada de su cargo de jueza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en noviembre de 2021. Posteriormente, fue formalmente imputada por la Fiscalía en abril de 2022.
El proceso penal avanzó hasta que el juez Yoan Paul López admitió la acusación y elevó la causa a juicio oral por primera vez el 20 de agosto de 2024. Tras dilaciones, el juez Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal admitió de forma definitiva la acusación ratificada por el Ministerio Público el 14 de abril de 2025, lo cual habilitó el actual sorteo del tribunal de sentencia.
