La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, sostuvo que el creciente número de acciones de amparo para acceder a medicamentos de alto costo se convirtió en un problema que afecta el funcionamiento del sistema sanitario. En declaraciones a Radio Ñandutí, afirmó que el amparo es un derecho constitucional que debe mantenerse, pero advirtió que «debe ser la excepción y no la regla». Según indicó, la cartera sanitaria recibe actualmente entre 2.000 y 3.000 amparos judiciales por mes.
La secretaria de Estado fue más allá al señalar que, a su criterio, «el amparo se transformó en un negocio», al considerar que existe un uso excesivo de esta herramienta judicial. Explicó que el elevado volumen de demandas dificulta la planificación del Ministerio de Salud y, en algunos casos, pone en riesgo el funcionamiento normal de la institución.
Barán también defendió que la provisión de medicamentos de alto costo debe responder a criterios científicos, técnicos y éticos, con la intervención de equipos especializados que evalúen cada caso. Además, cuestionó que algunos profesionales no actúan con el debido rigor al indicar determinados tratamientos. Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre el financiamiento del sistema de salud y el acceso a medicamentos de alto costo, una discusión que también involucra al Congreso y al Poder Judicial.
