Ambas cámaras del Poder Legislativo emitieron declaraciones institucionales para exigir el cumplimiento estricto de la Ley Nº 2532/05 y garantizar el patrimonio estatal en Puerto Casado, en la víspera de la sentencia a la exjueza procesada por prevaricato.
El Congreso Nacional instó formalmente al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Defensa Nacional a tomar medidas urgentes para salvaguardar la soberanía territorial e incorporar de forma efectiva al patrimonio público las tierras del distrito de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay. Dentro de la parte afectada se encuentran las 310 mil hectáreas de tierras que la exjueza Tania Irún, que mañana conocería su sentencia por prevaricato, cedió a cuatro empresas offshore de paraísos fiscales.
Recordemos que en el 2024 la Cámaras de Diputados y Senadores emitieron el exhorto a las instituciones, entre ellas al Poder Judicial. El pronunciamiento legislativo busca asegurar la vigencia de la Ley Nº 3294/2007, mediante la cual el Estado paraguayo aceptó la donación de inmuebles por parte de la Asociación Espíritu Santo y la firma Atenil S.A., destinados a la reforma agraria a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y a la Municipalidad de Puerto Casado.
A través de la Declaración Nº 549, la Cámara de Diputados que encabeza Raúl Latorre manifestó su preocupación ante el riesgo de que maniobras judiciales o acuerdos privados transfieran el dominio de dichas tierras a terceros, advirtiendo sobre la eventual complicidad judicial en fallos dictados en contravención a la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Por su parte, la Cámara de Senadores que preside Basilio Núñez aprobó la Declaración Nº 208, instando a la Corte Suprema de Justicia y a las instituciones del Ejecutivo a perfeccionar la inscripción de los inmuebles a favor del Estado para evitar la vulneración de normas de seguridad nacional.
La exhortación del Poder Legislativo coincide con los intereses en juego que llevaron al juicio oral a la exmagistrada Tania Irún, previsto para mañana en su última etapa con las réplicas y dúplicas previas a la deliberación del Tribunal de Sentencia. Irún está acusada de prevaricato por firmar en noviembre de 2018 la resolución que adjudicó 310.000 hectáreas ubicadas en la franja de seguridad fronteriza a empresas extranjeras calificadas como entidades de maletín por los fiscales Christian Benítez y Silvia González.
Durante la etapa de alegatos finales, el Ministerio Público solicitó una condena de tres años de cárcel para la procesada, mientras que la querella adhesiva requirió la pena de seis años de prisión. El juicio oral y público proseguirá el martes 11 de agosto a las 13:00 con la presentación de las réplicas y dúplicas entre las partes, tras lo cual los magistrados ingresarán a deliberar para dar lectura a la sentencia definitiva.
