El Ejecutivo propone un presupuesto de G. 166,3 billones, 11,2% superior al de 2026, pero advierte que un aumento generalizado para los médicos costaría hasta USD 150 millones. Con el déficit en 3,9% y gran parte de los nuevos recursos comprometidos para pagar deudas, Salud y otros sectores reclaman su parte de la torta. Ahora la decisión pasa al Congreso.
Oficialmente, entre los sectores que ya plantearon pedidos salariales para el PGN 2027 están los médicos, funcionarios judiciales y docentes de educación superior pública. Los médicos reclaman elevar el salario piso de los profesionales de 12 horas de G. 5 millones a G. 8 millones; el Ejecutivo rechazó incorporar ese reajuste general en el proyecto y plantea, en cambio, un esquema de escalafonamiento.
Por su parte, unos 6.000 funcionarios judiciales reclaman un reajuste general de entre 10% y 15%, pedido que la Corte Suprema anunció que incluirá dentro de su presupuesto. A esto se suman los gremios de docentes de educación superior pública, que exigen una nivelación salarial unificada para aproximadamente 35.723 cargos, además de un mecanismo de reajuste vinculado a la inflación. En contraste, el proyecto del Ejecutivo ya contempla un 2,4% de aumento para docentes del sistema educativo desde enero de 2027, además de reajustes establecidos por ley para las fuerzas públicas y otros sectores.
En el PGN 2027, una parte importante del aumento presupuestario ya está comprometida con el pago de deudas acumuladas. El proyecto contempla unos USD 1.200 millones adicionales para el Ministerio de Salud, de los cuales aproximadamente el 78% —unos USD 936 millones— estará destinado a cubrir obligaciones y deudas acumuladas, principalmente con proveedores. Además, el Gobierno prevé un déficit fiscal de 3,9% del PIB precisamente para absorber compromisos atrasados.
Esto significa que, aunque el PGN 2027 crece 11,2%, una parte considerable del incremento no representa dinero libre para nuevos aumentos salariales: ya tiene destino comprometido para saldar obligaciones pendientes. A esto se suma que el Ejecutivo prevé USD 2.100 millones de nueva deuda para financiar, entre otros compromisos, la regularización de atrasos de salud y obras públicas.
La respuesta es que no quedan recursos para conceder aumentos salariales en el sector público, en el próximo ejercicio fiscal.
