Los agentes fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero formularon acusación contra una jueza de Paz de La Encarnación, un actuario judicial, una ujier notificadora y una abogada, y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. La investigación se relaciona con la tramitación de una acción preparatoria de juicio ejecutivo basada en siete pagarés que, según la tesis fiscal, habría avanzado sin conocimiento efectivo de la mujer demandada, afectando su derecho a la defensa.
Uno de los elementos centrales corresponde a una notificación que supuestamente fue realizada el 14 de junio de 2024 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, la investigación determinó que la ujier que informó haber practicado la diligencia cumplió funciones ese día en el Juzgado de Paz de La Encarnación y no registró salida del Paraguay. Pese a ello, posteriormente la notificación habría sido considerada realizada “en legal forma”, permitiendo la continuidad del proceso ejecutivo.
La Fiscalía atribuyó a los acusados, según sus respectivas participaciones, los presuntos hechos punibles de prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de formas de participación como complicidad e instigación. El Ministerio Público dio por agotada la investigación, ofreció los elementos de convicción reunidos y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
