Proyecto de ley busca regular la tenencia de perros potencialmente peligrosos y endurecer controles

El diputado Yamil Esgaib presentó un proyecto de ley que establece un régimen de tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, con medidas orientadas a prevenir ataques y garantizar tanto la seguridad de las personas como el bienestar de los animales. La iniciativa será analizada por las distintas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados antes de su eventual tratamiento en el pleno.

La propuesta establece una extensa clasificación de razas y cruces considerados potencialmente peligrosos, entre ellos pit bull, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu, akita inu, dóberman, mastín napolitano, presa canario, bullmastiff, pastor alemán, husky siberiano y chow chow. También incluye cruces de estas razas y animales que reúnan determinadas características físicas, como más de 20 kilos de peso, fuerte musculatura, mandíbula grande y marcada capacidad física, además de aquellos considerados sin inhibición de mordida.

Uno de los principales puntos del proyecto es la obligatoriedad de contar con una licencia administrativa, otorgada por la municipalidad correspondiente, para la tenencia de estos animales. También plantea un registro obligatorio de propietarios, criadores, importadores y tenedores, además de controles para la compraventa, donación o transferencia. En espacios públicos, los perros deberán circular con correa o cadena de menos de dos metros y bozal homologado, mientras que el adiestramiento para guarda y defensa deberá estar a cargo de personas con certificación.

El proyecto contempla además un régimen de infracciones y multas de entre 5 y 100 jornales mínimos, según la gravedad de la falta. Entre las sanciones accesorias figuran el decomiso del animal, la clausura de establecimientos y la suspensión de licencias o certificados de adiestramiento. La propuesta toma como antecedente recientes ataques registrados en Mariano Roque Alonso, Ciudad del Este y Luque, y establece que las municipalidades tendrán un papel central en el registro, control y aplicación de las sanciones.