El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, se pronunció sobre la situación de las familias que aseguran haber comprado de buena fe terrenos e inmuebles posteriormente vinculados al patrimonio de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. A través de sus redes sociales, Núñez reconoció la preocupación de los afectados y manifestó que se pone “a disposición de los compatriotas” para buscar, dentro del marco constitucional, una solución que permita suspender los remates y proteger a las familias.
El pronunciamiento se produjo luego de que el exdiputado y abogado Óscar Tuma informara sobre una reunión con coordinadores de las familias afectadas por los remates. Según denuncias recogidas en los últimos días, más de 300 familias de distintas ciudades aseguran haber pagado sus terrenos e incluso construido sus viviendas, pero quedaron atrapadas en el proceso de comiso de bienes relacionados con el caso González Daher. Algunas de ellas afirman contar con contratos y comprobantes de pago, pero no pudieron obtener la transferencia definitiva de sus propiedades.
El conflicto se profundizó con las subastas realizadas por la SENABICO. El 24 de septiembre se concretó una subasta pública de inmuebles, vehículos y otros bienes, mientras los afectados advierten que nuevas propiedades podrían ser incluidas en futuros remates. Uno de los casos que generó mayor repercusión fue el de una mujer que, después de pagar durante años un terreno adquirido en 2015, terminó participando de la subasta y volvió a pagar para intentar conservar el inmueble que ya había cancelado.
Desde el Poder Judicial se informó que el proceso de ejecución deriva de la condena y del comiso de bienes de González Daher y Fernando González Karjallo. En julio de 2026, el juzgado a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer había informado que ya fueron entregados a la SENABICO 89 de los 141 inmuebles establecidos por sentencia, en el marco de la causa por lavado de dinero.
Mientras tanto, los compradores reclaman que se analice caso por caso la situación de quienes aseguran ser terceros de buena fe. La propia Inmobiliaria Confort, señalada en las denuncias, sostuvo públicamente que sus clientes adquirieron los terrenos mediante contratos anteriores a los conflictos judiciales y pidió el levantamiento de medidas que permitan concretar las escrituras.
El planteamiento de Bachi Núñez coloca ahora el conflicto en el terreno político: frenar los remates, revisar la situación de los compradores y encontrar una salida jurídica para evitar que familias que aseguran haber pagado sus viviendas terminen perdiéndolas por un proceso penal en el que no fueron condenadas. La discusión deberá compatibilizar la ejecución del comiso ordenado judicialmente con los derechos que invocan los compradores de buena fe.
