La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo del exdiputado colorado Tomás Rivas y ordenó que afronte un nuevo juicio oral y público por el caso conocido como los “caseros de oro”. El alto tribunal consideró que la devolución del dinero pagado irregularmente por la Cámara de Diputados no era suficiente para extinguir la causa, especialmente porque el Ministerio Público no prestó su consentimiento.
La Corte, de manera unánime, dejó sin efecto las resoluciones de primera y segunda instancia que habían cerrado el proceso. El ministro Manuel Ramírez Candia sostuvo que la conducta atribuida a Rivas —la certificación de planillas de asistencia presuntamente falsas para justificar salarios de personas que no prestaban servicios— podría constituir también cobro indebido de honorarios y un delito contra el ejercicio de funciones públicas.
Por su parte, el ministro Luis María Benítez Riera señaló que los hechos fueron atribuidos a un funcionario público electo y que el perjuicio alcanzó al Estado. En consecuencia, sostuvo que el artículo 25 del Código Procesal Penal exige el consentimiento del Ministerio Público para extinguir la causa por reparación del daño. Con la decisión de la Corte, Rivas deberá enfrentar nuevamente un juicio para determinar su eventual responsabilidad penal.
