La Cámara de Diputados aprobó, durante la pasada sesión ordinaria, un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo – Ministerio de Justicia sobre el viaje oficial a Ginebra, Suiza, realizado por el ministro de Justicia y demás funcionarios de la institución, en el marco del examen del VIII Informe Periódico del Paraguay, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.
El documento fue aprobado a instancias de la diputada Johanna Ortega (PPS-Capital) y requiere información sobre la autorización del viaje, la integración de la comitiva, los pasajes, los viáticos, las fuentes de financiamiento, la rendición de cuentas y los resultados de la participación institucional.
Según la exposición de motivos, este mes de octubre una delegación oficial del Estado paraguayo viajó a Ginebra para participar del diálogo con el Comité CEDAW de las Naciones Unidas. Los fundamentos señalan que entre los integrantes figuraban el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el director general de Derechos Humanos de la institución, Rafael Escobar Sarubbi.
“La participación del Estado en los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos es una obligación que no está en discusión”, expresa la exposición de motivos.
Seguidamente, agrega que, “lo que corresponde verificar es si los recursos públicos destinados a esa participación fueron utilizados con racionalidad, proporcionalidad y transparencia, en un contexto en el que el propio Gobierno ha planteado medidas de austeridad en el gasto”.
En cuanto a la autorización y el objeto del viaje, la resolución solicita copia del acto administrativo que autorizó y comisionó a los representantes del Ministerio de Justicia, las fechas exactas de salida y regreso de cada integrante y la agenda oficial cumplida.
También requiere la justificación técnica de la participación presencial del ministro, con indicación de los artículos de la Convención o de las observaciones del Comité que debía responder la institución.
Respecto a la comitiva, pide la nómina completa de las personas que viajaron en representación del ministerio o con cargo a su presupuesto, con sus respectivos cargos y funciones.
Asimismo, consulta si participaron asesores, personal de seguridad, protocolo, prensa u otros acompañantes no acreditados ante el Comité y, en caso afirmativo, solicita sus identidades, funciones y fuentes de financiamiento.
Los fundamentos también aluden a versiones difundidas en medios de prensa sobre un eventual acompañamiento de familiares del ministro. Al respecto, el documento requiere aclarar si viajó acompañado de familiares y si alguno de sus gastos de traslado, hospedaje o estadía fue cubierto, total o parcialmente, con recursos públicos, o si utilizaron beneficios, tarifas o servicios obtenidos en razón del viaje oficial.
Sobre los pasajes aéreos, se solicita el costo correspondiente a cada integrante, la aerolínea, la ruta, la clase y la fecha de emisión, así como el procedimiento de contratación utilizado y su identificación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, si correspondiere. En relación con los viáticos, se requieren los montos asignados, las fechas de desembolso y las formas de pago.
La resolución también pide el costo total del viaje para el Ministerio de Justicia, el programa, el objeto del gasto y la fuente de financiamiento utilizados, además del crédito presupuestario disponible para viajes al exterior en el ejercicio fiscal 2026. Igualmente, consulta si otra institución pública, organismo internacional o entidad privada cubrió algún gasto, con identificación de la entidad, el concepto y el monto.
“La ciudadanía tiene derecho a saber cuántas personas viajaron en representación del Ministerio de Justicia, cuánto costó ese viaje, de qué partida presupuestaria se pagó, si los viáticos fueron rendidos conforme a la normativa vigente y qué resultados concretos obtuvo la institución”, sostiene la exposición de motivos.
En materia de rendición de cuentas, se solicita informar si el ministro y los demás integrantes presentaron la documentación correspondiente a los viáticos percibidos, con las fechas y copias de los detalles de cada gasto. De no haberse presentado, deberán indicarse el plazo previsto y el motivo de la demora.
También se consulta sobre eventuales devoluciones de viáticos no utilizados, entre otros datos.
Finalmente, el pedido comprende las intervenciones concretas de los representantes del ministerio durante el diálogo con el Comité CEDAW, las observaciones, preguntas o recomendaciones del Comité dirigidas a materias de su competencia, y compromisos asumidos por la institución en dicha instancia.
La iniciativa aprobada establece un plazo de 15 días para que el Ministerio de Justicia remita los datos requeridos a la Cámara Baja.
