El Ministerio Público abrió una causa penal contra la senadora Zenaida Delgado tras una denuncia presentada por el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, por un presunto esquema de cobros irregulares a funcionarios legislativos. La investigación, iniciada bajo la figura de “hecho a determinar”, quedó a cargo de la fiscala Marlene González, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de la presentación realizada este lunes a las 17:44. La legisladora enfrenta cuestionamientos por supuestas exigencias de dinero a funcionarios a cambio de mantener sus puestos, acceder a bonificaciones y conseguir nombramientos permanentes.
Las denuncias fueron formuladas por Lidia González, Lorena Gauto y Leonarda Vera, quienes expusieron ante Núñez el presunto mecanismo de recaudación. Según sus testimonios, funcionarios contratados con bonificaciones salariales debían entregar mensualmente parte de esos ingresos a la parlamentaria, con montos que oscilarían entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000, dependiendo del salario y del cargo. Además, para acceder a un nombramiento permanente, supuestamente se exigían sumas millonarias que llegarían hasta G. 100 millones, bajo la amenaza de desvinculación para quienes no cumplieran con los pagos.
Uno de los testimonios más delicados corresponde a Lidia González, quien afirmó que la senadora le habría solicitado G. 150 millones y aseguró haber realizado transferencias de dinero, cuyos comprobantes presentó como parte de sus denuncias. También relató que durante el tiempo que trabajó con Delgado sufrió presuntos maltratos psicológicos. Por su parte, Lorena Gauto denunció que habría sido obligada a contraer un préstamo bancario de G. 15 millones. De acuerdo con el reporte, el presunto esquema podría involucrar a entre 15 y 20 funcionarios del Congreso, aunque estos datos deberán ser corroborados por la investigación fiscal.
Tras reunirse con las denunciantes, el titular del Senado Basilio Núñez se comprometió a garantizar la continuidad laboral de las funcionarias ante el temor de posibles represalias. El legislador sostuvo que desconocía el supuesto mecanismo irregular, pese a que los aumentos salariales mencionados llevaban su firma. La apertura de la causa penal marca el inicio de las diligencias para determinar si existieron hechos punibles y establecer eventuales responsabilidades. Las acusaciones aún deben ser investigadas y probadas, mientras que Delgado deberá responder ante las autoridades por los hechos que se le atribuyen.
