Las declaraciones del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, sobre la situación financiera del país y, particularmente, el caso Ueno Bank, abren un nuevo frente de preocupación política e institucional para el Gobierno de Santiago Peña. Su decisión de poner en pausa su proyecto presidencial para el 2028 hasta que se «arregle la casa» y se encuentre una salida al problema financiero no constituye una advertencia más de la oposición. Alliana es parte del Poder Ejecutivo desde hace tres años y ocupa el segundo cargo más importante de la estructura gubernamental. Por tanto, sus expresiones también comprometen la gestión de la que forma parte.
La preocupación adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que el Senado solicitó informes al Banco Central del Paraguay (BCP) para esclarecer las operaciones crediticias de Ueno Bank con empresas vinculadas, los eventuales excesos en los límites regulatorios y las actuaciones de los organismos de control. El informe remitido por la banca matriz confirmó que se detectaron excesos que posteriormente fueron corregidos, mientras que una operación relacionada con la venta de cartera continúa bajo investigación administrativa. No se trata, por tanto, de una controversia exclusivamente política, sino de cuestionamientos que requieren explicaciones técnicas y transparencia institucional.
El escenario también plantea interrogantes sobre la imagen del Paraguay ante la comunidad internacional, la confianza de los inversionistas y, fundamentalmente, la seguridad de los ahorros y los recursos de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS).
Cuando el propio vicepresidente habla de una crisis financiera y reclama una solución para garantizar tranquilidad a los ahorristas, el mensaje trasciende las internas del oficialismo. La ciudadanía necesita saber cuál es la verdadera dimensión del problema, qué responsabilidad tienen las autoridades de control y qué garantías existen para proteger los recursos públicos.
La contradicción política es inevitable: Alliana forma parte del Gobierno al que hoy reclama respuestas y soluciones. No es un actor externo que observa la crisis desde la oposición, sino una autoridad que comparte responsabilidades en la conducción del país. Su advertencia deja una pregunta de fondo: ¿estamos ante un problema puntual de Ueno Bank o frente a dificultades más profundas en la supervisión y conducción del sistema financiero? Mientras tanto, el Gobierno tiene la obligación de despejar las dudas con información, controles independientes y decisiones concretas, porque la confianza de la ciudadanía y la credibilidad internacional del Paraguay también están en juego.
