El Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos fijó entre el 14 y el 21 de diciembre las audiencias de imposición de medidas para 19 personas imputadas en la investigación por las presuntas operaciones financieras irregulares que derivaron en la resolución de Ueno Bank. A diferencia del ex CEO Miguel Vázquez y otros procesados para quienes se solicitó prisión preventiva, la Fiscalía pidió para este grupo medidas alternativas a la prisión.
El Ministerio Público solicitó la prohibición de salida del país y la aplicación de cauciones personales o reales, por lo que los procesados podrán afrontar el proceso en libertad si el juzgado concede estas medidas. Las imputaciones incluyen presuntos hechos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Las audiencias fueron programadas por el juez Rodrigo Estigarribia durante seis jornadas, del 14 al 18 y el 21 de diciembre.
Entre los convocados figuran accionistas, presidentes, vicepresidentes y directores de empresas como MOWI S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., TUIU S.A., FRANEDE S.A. y AIME S.A. Corredores de Seguros. La Fiscalía investiga el presunto vínculo de estas firmas con operaciones crediticias cuestionadas y el destino de los recursos financieros involucrados.
Según la acusación fiscal, entre 2025 y 2026, autoridades de Ueno Bank habrían autorizado operaciones que comprometieron los activos de la entidad, principalmente constituidos por fondos de terceros, sin los controles adecuados y bajo condiciones que habrían puesto en riesgo la recuperación de los créditos. El 2 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay dispuso el inicio del procedimiento de resolución de la entidad, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo exigido por ley.
