El exprocurador fue cuestionado por la Asociación Espíritu Santo por no actuar ante las denuncias sobre la transferencia de 310.000 hectáreas en el Chaco. El abogado Francisco de Vargas sostuvo que González conocía el caso desde agosto de 2023 que os hechos violaban la Ley de Seguridad Fronteriza pero no actuó y apuntó a negocios de créditos de carbono vinculados al expresidenteLa detención de Marco Aurelio González, en el marco de la investigación del caso Ueno, volvió a poner bajo la lupa su gestión al frente de la Procuraduría General de la República. La Asociación Espíritu Santo lo cuestionó por no haber promovido acciones judiciales ante la transferencia de unas 310.000 hectáreas en el Chaco a cuatro empresas offshore, pese a las denuncias sobre una presunta violación de la Ley de Seguridad Fronteriza.
De acuerdo con los antecedentes presentados ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Indert, presidida por el senador Líder Amarilla, la organización remitió doce notas a la Procuraduría para advertir sobre la operación y solicitar intervención institucional.
El abogado Francisco de Vargas, representante de la Asociación, sostuvo que González tuvo conocimiento del caso desde agosto de 2023, pero no impulsó diligencias para cuestionar la transferencia de los inmuebles.
“Por supuesto que Peña no iba a permitir que el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República accionen para anular la transferencia fraudulenta de las 300.000 hectáreas pertenecientes a la Secta Moon”, declaró De Vargas.
El abogado afirmó que la operación contravino la Ley de Seguridad Fronteriza. Como parte de sus argumentos, mencionó pronunciamientos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Benítez Riera y Ramírez Candia, además de una resolución del Tribunal de Sentencia que juzgó a la exjueza Tania Irún.
VÍNCULOS CON NEGOCIOS DE CARBONO
La denuncia también incorpora antecedentes sobre el mercado de créditos de carbono y los vínculos empresariales de Kiantar Betancourt, representante de las compañías offshore que, según la Asociación, resultaron beneficiadas por la transferencia de tierras.
En septiembre de 2023, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) suscribió un convenio de cooperación con Atenil S.A., representada por Kiantar Betancourt y Diego Puente. La adenda contemplaba trabajos conjuntos relacionados con el mercado de créditos de carbono y su certificación.
De Vargas también mencionó una investigación publicada por El Surti sobre la participación paraguaya en la COP28, realizada en diciembre de ese año. Según comentó, Betancourt y Gonzalo Peña, hijo del presidente Santiago Peña, tendrían vínculos comerciales e incluso que integraron la delegación oficial. La publicación señaló que Atenil tenía interés en comercializar créditos de carbono de un proyecto de bosques nativos.
Recordó además que una de las leyes que de manera acelerada aprovechando la mayoría en el Congreso fue la de octubre de 2023, la Ley N.º 7190, que reguló el mercado de créditos de carbono en Paraguay.
La Asociación Espíritu Santo vincula estos antecedentes con los intereses empresariales relacionados con las tierras del Chaco y reclama que se investigue la falta de intervención de las instituciones responsables de defender el patrimonio estatal.
De Vargas sostuvo, además, que la inacción de la Procuraduría y del Ministerio de Defensa impidió reclamar una multa que estimó en USD 30 millones, cuyo beneficiario debía ser el Ministerio de Defensa Nacional
