El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, presentó formalmente su renuncia al cargo mediante una nota dirigida al presidente de la República, Pedro Alliana. La decisión se produce en medio de una fuerte presión política y parlamentaria, cuando en la Cámara de Diputados ya se había presentado el libelo acusatorio para impulsar su juicio político por presunto mal desempeño de funciones.
La dimisión llega en un momento en que el escenario político se había vuelto desfavorable para la continuidad de Rolón. Tanto los diputados colorados de la disidencia, nucleados en Colorado Añetete, como los sectores oficialistas de Honor Colorado habían anunciado que acompañarían el proceso de juicio político, dejando al fiscal general sin el respaldo de los principales bloques de la ANR en la Cámara Baja.
La oposición formalizó la acusación con cuestionamientos a la actuación del Ministerio Público en investigaciones de alto impacto, entre ellas el caso Ueno Bank, las denuncias relacionadas con el expresidente Santiago Peña y los denominados sobres del poder. Los legisladores sostienen que existieron demoras y omisiones en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía.
En su nota de renuncia, Rolón argumenta su decisión haciendo referencia a la falta de claridad del artículo 269 de la Constitución Nacional. Su salida se produce así antes de que Diputados avance con el tratamiento del libelo acusatorio y en un escenario en el que los distintos sectores políticos ya habían expresado su voluntad de acompañar su destitución.