El abogado Gerardo Galeano cuestionó la postura expresada por la directora del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción del Senado. Según el profesional, sus declaraciones dejaron de lado disposiciones de la Ley N.º 7424/2025 que establecen las facultades del organismo en materia de calificación registral.
La discusión se da en torno a las tierras vinculadas a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, cuya transferencia benefició a empresas offshore de las Islas Vírgenes Británicas y Chipre.
Galeano rechazó el argumento de que el RUN debe limitarse a registrar lo dispuesto en resoluciones judiciales. “La calificación registral es una potestad del RUN”, afirmó. También cuestionó la postura de González, quien sostuvo que las leyes del organismo no pueden contradecir una inscripción ya realizada.
La directora fue consultada además sobre los pronunciamientos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes, cuando integraban el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), votaron por la remoción de la exjueza Tania Irún. Ambos habían sostenido que la magistrada transgredió la Ley de Seguridad Fronteriza al ordenar la transferencia de unas 310.000 hectáreas del Chaco a sociedades extranjeras sin verificar sus estatutos ni la titularidad de sus acciones.
“Realmente yo no me quiero meter, yo soy una funcionaria administrativa que simplemente me debo abocar a lo que dice la sentencia judicial (…). Realmente mi opinión no sirve en esta instancia”, respondió González.
ALCANCES DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL
Galeano citó el artículo 110 de la Ley N.º 7424/2025, que define la calificación registral como el estudio y la verificación del acto o contrato presentado para su inscripción o anotación. La disposición establece que esta tarea se realiza luego de la verificación catastral y determina los funcionarios responsables.
Además, indicó que la firma Atenil S.A. no integró el expediente, sino que las demandantes son las empresas Cusabo, Kiveloria, Elite Kindong y Firstar Investments contra la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Precisó que la carátula del proceso corresponde a “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ obligación de hacer escritura pública y cumplimiento de contrato”.
Por su parte, el abogado Milciades Benítez, representante de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, también cuestionó la interpretación de las facultades registrales. La organización de misioneros japoneses reclama derechos sobre parte de los inmuebles alcanzados por la resolución de Irún.
Benítez hizo referencia al artículo 111, que establece los aspectos que deben examinarse antes de inscribir o rechazar un título. Entre ellos mencionó las formalidades legales del documento, la competencia territorial del funcionario o notario y que la sentencia haya sido dictada por una autoridad judicial nacional.
La norma exige comprobar los certificados previos requeridos para autorizar escrituras que transmitan derechos reales, así como detectar inexactitudes registrales, otros derechos, restricciones, gravámenes o medidas cautelares que puedan impedir la inscripción.