Tras un largo debate, la cámara de diputados finalmente sancionó con 50 votos a favor y 17 en contra, la versión del Senado que permite que sólo con orden judicial se publiciten las declaraciones juradas de bienes de parlamentarios y funcionarios públicos en general.
Con esta decisión, se mantiene prácticamente en secreto las declaraciones juradas, teniendo en cuenta que normativa establece que salvo que un juez declare lo contrario y autorice su publicación puntualmente caso por caso no se podrá dar a conocer los datos.
Los legisladores que acompañaron la sanción acotaron la necesidad del resguardo de las cuentas bancarias de los funcionarios públicos, así como datos de los hijos menores.
