El proyecto de ley “Que establece alternativas de cancelación de deuda y subvención a las tarifas de consumo de energía eléctrica a personas en situación de pobreza que cuenten con conexión de tipo domiciliaria”, que busca garantizar el acceso al servicio de energía eléctrica a familias de escasos recursos económicos se encuentra pendiente de dictamen por parte de ñas comisiones asesoras.
En esencia, la iniciativa busca que las familias que cuenten con facturas de la ANDE vencidas y con desconexiones, queden con deudas saldadas, mediante una intervención del Estado.
Se plantea que el Ministerio de Hacienda, subrogue la deuda correspondiente a los meses vencidos pendientes de pago a las personas en situación de pobreza, no contribuyente en el sistema impositivo nacional, siempre que correspondan a conexiones de tipo domiciliaria.
Para el efecto, la Administración Nacional de Electricidad deberá elaborar una lista de usuarios con conexiones de tipo domiciliario que se encuentran en situación de morosidad, para los que solicitará el referido beneficio. Se establece que el Ministerio de Hacienda verificará los datos de no ser contribuyente y procederá a acreditar a la ANDE.
En tanto para la amortización de la deuda subrogada por el Ministerio de Hacienda, los proyectistas proponen que los beneficiarios serán inscriptos en un registro especial y tendrán un plazo de un año para amortizar, por declaración jurada verificable, mediante sistema con crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En relación a los fondos de compensación al Ministerio de Hacienda estos serán proveídos por las Instituciones Binacionales de Itaipú y Yacyretá, en proporción 70% y 30% respectivamente, y atribuidas como gastos sociales.
Por otro lado, las personas que reúnan la condición de subvencionables también recibirán, en adelante, la oportunidad de amortizar hasta el 50% del monto de la tarifa por servicio de energía eléctrica que también será amortizable con crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, podrán pagar la mitad de su factura mensual con dinero en efectivo y la otra mitad con créditos fiscales.
De aprobarse esta iniciativa tendrá una vigencia de tres años, según explicaron los proyectistas. Este documento se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional, en las comisiones de Presupuesto, Energía y Minas, así como en la de Entes Binacionales Hidroeléctricos.
