Mediante pedidos de recurso de amparo constitucional y la solicitud de medidas de urgencias siete pacientes con Covid-19 obtuvieron en diferentes sectores públicos, privados y previsionales, camas de internación en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
En este contexto, la defensora pública del Fuero Civil, Carla Mazó, logró ante el Juzgado de Atención Permanente de la zona, varias acciones de amparo constitucional. A través de estas medidas se dispuso al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a pagar los gastos de terapia intensiva y medicamentos de los pacientes con COVID-19, que se encuentran hospitalizados en un sanatorio privado.
Todos los amparos presentados ante el Juzgado tuvieron resultado favorable con la orden del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 6.725/2011, “Que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en UTI de personas con COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales y la adquisición de medicamentos esenciales”.
En consecuencia, se dispuso continuar con la internación de los siete pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, librando oficio tanto al sanatorio como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a IPS para su inmediato cumplimiento.
Cabe destacar que si una persona se halla con un cuadro grave de enfermedad y la necesidad urgente para dicha internación será el Juez quien evalúe la petición y a través de una resolución disponga la entrega de una cama en UTI para el paciente.
Recuerdan además que las personas que requieran solicitar el recurso de amparo deben realizar la presentación de los documentos específicos sobre la salud de la persona comunicándose previamente a la línea de atención directa 133, de 7:00 a 23:00 horas, de lunes a domingos.
