La diputada liberal Roya Torres presentó un proyecto de ley “De conectividad plena a internet en todas las instituciones educativas públicas de la República”, que pretende acotar la brecha de desigualdad de acceso a la conectividad en nuestro territorio.
La iniciativa legislativa, se encuentra en su primer trámite legislativo y busca lograr la conectividad en todos los establecimientos educativos del país.
La proponente explicó que, actualmente, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuenta con 1.717 instituciones educativas y 40 institutos de formación docente que ya cuentan con conectividad; además de otras 783 instituciones que serán conectadas durante los años 2021 y 2022.
Se contempla también la dotación de equipamientos acorde a diversos modelos pedagógicos, la capacitación docente y el desarrollo de plataformas de aprendizaje virtual.
Con las acciones y proyectos impulsados se prevé un total de 5.364 instituciones educativas conectadas y con equipamiento durante los años 2020 al 2024. Sin embargo, esta sinergia aún no alcanza a todas las instituciones educativas públicas.
Agregó que, tras la pandemia, mediante el uso de Internet en establecimientos educativos se ha facilitado la realización de consultas, tareas, promover el aprendizaje interactivo y fortalecer procesos de comunicación.
“El presente proyecto va en esa línea y busca que todas las instituciones educativas e institutos de formación docente de la República, cuenten con conectividad a internet de manera plena, para lo cual serán dotados de equipamientos acorde a diversos modelos pedagógicos, la capacitación docente y el desarrollo de plataformas de aprendizaje virtual”.
Sobre la financiación de la propuesta, la diputada Torres indica en el articulado, que el Ministerio de Educación y Ciencias organizará las partidas presupuestarias necesarias en el Presupuesto General de la Nación para la concreción plena de la presente ley.
El texto fue remitido a las comisiones de Legislación y Codificación; Educación, Cultura y Culto; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; y la de Ciencia y Tecnología, para la emisión de dictámenes. Fuente: Diputados
