La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada Rocío Vallejo dictaminó por la aprobación, con modificaciones, el proyecto de resolución “Que cita e interpela al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Mauricio Ojeda Aguilera.
El motivo radica, principalmente, en saber cómo fueron utilizados parte de los USD 43 millones destinados para la gestión del Censo Nacional, desarrollado el 9 de noviembre pasado.
La preocupación de los proyectistas apuntan a las denuncias de miles de ciudadanos que aseguran no fueron efectivamente censados, además de otras particularidades como el no pago a los voluntarios por el servicio a prestado.
La parlamentaria significó que han ampliado el listado de preguntas de manera a no dejar huecos en el proceso.
Lo agregado indaga sobre planificación realizada para cubrir todo el país; cronograma de cumplimiento de las capacitaciones realizadas a los voluntarios; estrategias para el traslado de los voluntarios al interior del país; criterios para asignación de viáticos; listado de censistas que, efectivamente, trabajaron el día del censo; y si fueron o no convocados los funcionarios públicos.
Igualmente, pide informes sobre el porqué no se introdujeron preguntas sobre personas con discapacidad; criterios que van más allá de la simple consulta de la formación universitaria; acceso al transporte público y a la salud; entre otros.
También solicita datos sobre la ejecución presupuestaria, sistemas de compras, servicios contratados y listado de productos comprados y otros.
Estafa y lesión de confianza
Por otro lado, la comisión asesora resolvió recomendar a la plenaria de Diputados ratificarse en su sanción inicial con respecto al proyecto de ley “Que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley N° 1160/1997, Código Penal”.
Este proyecto desea elevar los marcos penales de la “Estafa” y la “Lesión de Confianza”, de 10 a 15 años. Igualmente, se apunta a que no puedan extinguirse tan fácilmente las causas penales y que la máxima, en caso de concurso con lesión de confianza o estafa, pueda llegar a 22 años y 6 meses de pena privativa de libertad.
“En la Cámara de Senadores se han incluido elementos que la hacen más benignas, con lo cual, los delincuentes que fueron condenados va a tener la posibilidad de solicitar la revisión de sus condenas; y que, probablemente, lo consigan”, significó al respecto la diputada Vallejo.
Agregó, que ya no se trata, simplemente, de un aumento en las penas, sino que se introdujeron elementos nuevos que vuelven a la normativa vigente más endeble.
El proyecto de ley “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública”, fue otro de los documentos que recibió dictamen aconsejando la ratificación de la Cámara de Diputados en su sanción original, tras sufrir modificaciones en la Cámara de Senadores.
El documento, conocido también como proyecto de “puerta giratoria”, tiene el objetivo específico de prevenir los conflictos de intereses, imponiendo restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de exfuncionarios en el sector privado, cuando esas actividades estén, directamente, relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas durante su permanencia en el cargo público.
Por último, la comisión decidió solicitar informes a la Justicia Electoral con respecto al proyecto de ley “Que modifica los artículos 34,35 y 36 de la Ley N° 635/95, Que reglamenta la Justicia Electoral”.
Se trata de una iniciativa que busca eliminar la conformación de las juntas cívicas en el día de las elecciones. Fuente. Diputados
