Tras un extenso debate, el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, dio media sanción al proyecto de ley “Que deroga la vigencia de la Ley 6.699/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay, para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y sus Anexos”.
La exposición de motivos explica que el proyecto de transformación educativa fue rechazado, desde un principio, por la ciudadanía, debido a varios motivos, entre los que cita la no inclusión de los padres de familia en un comité con bastante protagonismo.
“Los padres son los primeros garantes de los hijos, según establece la Constitución”, expresa el documento, al reafirmar la necesidad de derogar la norma.
Señala que solo después de muchas críticas y exigencias, se incluyó, en junio de 2022, a un representante del sector.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), fue una de las primeras en pronunciarse, pero manifestó negativa con respecto a la derogación.
Señaló que el convenio apunta exclusivamente al apoyo presupuestario, y no como dicen algunos sectores que denuncian aspectos de género y otras cuestiones.
Explicó que es una Ley de 38 millones de euros, de los cuales 21 millones se destinan al Ministerio de Educación, como apoyo presupuestario que debe ser distribuido en tres partes, de las cuales dos ya fueron ejecutadas.
Según informes de la Comisión Bicameral de Presupuesto, según destacó, hasta el día de hoy, de los 21 millones de euros, una parte ya fue utilizada y restan por usarse 12 millones, aproximadamente.
Acusó que cierto sector sembró pánico acerca de la inmoralidad, lo cual perjudicó la imagen de este plan, pero que nada de eso es cierto.
“Son mentirosos e hipócritas, por lo que le pido a la ciudadanía que me crea: ese plan sigue vigente; la ley que van a derogar no pierde nada; al contrario, no se va a poder pagar deudas”, dijo.
En contrapartida, el congresista Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), en su carácter de proyectista, insistió en derogar la ley porque, según afirmó, “es una legislación perversa e indigna para niños y jóvenes”.
“Debemos madurar, no hay que comprar espejitos que vienen en forma de donación, que trae enlatados la ideología de género y otros temas. Si es necesario, hay que devolver la donación”, refirió Núñez.
Acotó que el convenio y sus temas relacionados, en realidad, quieren transferir la patria potestad de los padres.
Para el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), la derogación de la ley responde a convicciones fundamentales y al clamor popular.
“Con la media sanción vamos a trasmitir un mensaje claro y contundente de que vamos a defender la soberanía de nuestro país y que no vamos a permitir que ideologías foráneas atenten contra el espíritu de nuestra nación y el corazón de nuestros niños”, aseguró.
La parlamentaria Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), adelantó su voto a favor del proyecto al hablar del respeto a la familia tradicional y a la vida.
Enfatizó que no debe ser una organización internacional la que, con un folleto, instale este tipo de cosas.
Politización
La parlamentaria Norma Camacho (PEN-Central), a su turno, lamentó que este tema se haya politizado. Habló de que esto se debe, en gran medida, a las internas del partido de gobierno.
“Es bueno denunciar la manipulación política que se ha dado con la presentación de la derogación de esta ley. Hemos escuchado eso en casi todos los discursos. Se trata nada más que de una política pública; algo que debería redundar en llevar adelante los anhelados procesos educativos”, manifestó la vicepresidente segundo de la Cámara Baja.
Calificó de irresponsabilidad política, comprometer fondos y recursos al aludir que se defiende, de esa manera, la vida y la familia.
Finalmente, con la correspondiente votación, una gran mayoría manifestó estar a favor de la derogación y así respaldar la clara postura ciudadana con respecto a algunos temas supuestamente involucrados.
No se permitirá que ideologías foráneas contaminen nuestro país, coincidieron en señalar varios diputados.
Pasa a la Cámara de Senadores.
Fuente: Diputados
