Las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados darán estudio a un proyecto que busca modificar varios artículos de la ley que establece el Código Electoral Paraguayo. El objetivo es impedir que cualquier partido o movimiento político pueda atentar contra las libertades ciudadanas por medio de la violencia.
Se trata del proyecto de ley “Que modifica los artículos 13, 78 y 84 de la Ley N° 834/96 – Que establece el Código Electoral Paraguayo”, presentado por los diputados Rocío Abed, Guadalupe Aveiro, Cristina Villalba, Basilio Núñez y Justo Zacarías.
Estas modificaciones, principalmente, buscan profundizar y garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos.
La idea es impedir que cualquier partido o movimiento político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra el régimen democrático de las libertades por medio de la violencia.
Los proyectistas mencionan que en el apartado 124 de la Constitución Nacional se establece que “los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público interno y tienen la finalidad de asegurar, en el interés del régimen democrático, la autenticidad del sistema representativo y la defensa de los derechos humanos”.
A tal efecto, se busca reglamentar, igualmente, la naturaleza y el funcionamiento de los partidos políticos, prohibiendo la formación y la existencia de partidos o movimientos que auspicien el empleo de la violencia para modificar el orden jurídico de la República o la toma del poder (Artículo 13 de la Ley 834/96 – Que establece el Código Electoral Paraguayo).
Los parlamentarios explican que se debe garantizar el sistema electoral y la práctica de las libertades ante quienes atenten contra ello por medio de la violencia.
Añaden, a su vez, que son totalmente repudiables los hechos recientes de violencia, dados tras los comicios generales del 30 de abril de 2023.
El documento afirma que es necesario establecer de manera enunciativa, más no limitativa, las medidas de reparación y/o resarcimiento por los daños ocasionados a las personas y a la propiedad pública o privada, como consecuencia de esta clase de acciones violentas.
La iniciativa también pretende la restricción de los partidos o movimientos políticos que impulsan estas conductas, para recibir aporte estatal y subsidio electoral, previstos en los artículos 71 y 276 de la Ley 834/96.
Cabe señalar que las comisiones encargadas del estudio son las de Asuntos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y de Derechos Humanos.
