Con el objetivo de buscar «orden y transparencia en el uso de los recursos públicos», principalmente en las áreas de la salud y educación, como así también a través de diversos programas de ayudas, como subsidios o pensiones que buscan mejorar e impactar de manera positiva sobre la calidad de vida de los paraguayos, el senador Arnaldo Samaniego presentó un proyecto de Ley que crea un sistema de registros de los beneficiarios.
«La propuesta crea registros de las personas beneficiadas con recursos del Estado, a modo de trasparentar el uso de estos bienes, desde la atención brindada en los centros de salud pública, pasando por las instituciones educativas, exoneración de aranceles en las universidades, programas de acceso a viviendas sociales, asistencia social propiamente y todo el sistema de transferencia monetaria a través de las diversas actividades que administran las instituciones públicas», mencionó el proyectista.
El proyecto de Ley «Que crea el sistema integrado de acceso a servicios públicos y transferencias e instituye el registro de servicios sociales (RESS)», apunta a ser una herramienta fundamental al momento de la recolección y análisis de datos, «un insumo principal en la elaboración y propuesta de las políticas públicas», agregó.
Explicó que el artículo 5° de la propuesta establece que el Registro de Servicios Sociales (RESS) constituirá «una base de datos que consolidará la información sobre todas las personas que reciban prestación pública de servicios de salud y educativos, así como transferencias en el marco de programas sociales financiados con el presupuesto público, en todo el territorio nacional, independientemente del concepto que fuere, la naturaleza de la persona beneficiada o la institución pública comprometida con el proceso».
Además, se establece que estos datos serán de carácter público, sujetos a las disposiciones de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. El RESS identificará a cada beneficiario con un número o código personal.
«Este código debe vincularse con la base de datos que permita acceder a toda información sobre los bienes, servicios o prestaciones que reciba el beneficiario, siempre y cuando esto provenga de una institución pública», explicó el proyectista.
