Desde este lunes, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizará fiscalizaciones a las empresas del transporte público, sobre todo a aquellas que circulan con medidas cautelares o amparos judiciales.
También verificará que no circulen por las rutas los transportes con 20 años de antigüedad o más. En caso de ser detectados, los vehículos serán incautados y remitidos al corralón.
El viceministro de Transporte, Pedro Britos, indicó que los buses que cuenten con 20 años de antigüedad y transiten desde 1998 serán inspeccionados indefectiblemente, por lo que sugirió a las empresas que no los quiten a las calles y que los den de baja.
En ese orden, explicó que las empresas serán fiscalizadas con acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público, añadiendo que, de encontrarse vehículos circulando con ciclo cumplido, serán incautados y remitidos al corralón.
“Otro de los puntos que serán verificados es que las rampas para las personas discapacitadas estén funcionando. Tenemos denuncias de empresas que tienen pero que no realizan el mantenimiento correspondiente. Las rampas deben estar funcionando sí o sí”, subrayó Britos.
En ese sentido, afirmó que son aproximadamente 120 los buses que se encuentran con su parque vencido y que serán 20 los fiscalizadores del MOPC que recorrerán a las empresas con los listados proveídos por el Viceministerio de Transporte para el efecto.
Britos también afirmó que se controlará que las empresas posean seguros contra terceros, además de que estén al día con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), entre otros documentos.
