Miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Coordinadora de Derechos Humanos exigen garantías y el fin de las violencias generadas por algunos legisladores, como el reciente caso del diputado colorado Yamil Esgaib, en la cámara de Diputados y piden al presidente de la cámara baja Raúl Latorre, una audiencia para oficializar el pedido de rechazo a la propuesta de reglamentar la permanencia de periodistas en el edificio legislativo y su ingreso hasta la sala de sesiones para las entrevistas, según explicó Diego Díaz, miembro del Sindicato de Periodistas del Paraguay.
“Nosotros no tratamos de entrar en la intimidad de los representantes políticos que tenemos en esta cámara, lo que buscamos específicamente es por qué utilizan sus influencias para beneficiar a sus familiares y cuando les preguntamos cosas lo hacemos en torno a los debates políticos de las cámaras del Congreso”, destacó Díaz.
“No hay que confundir las cosas, nosotros no nos sentimos todopoderosos, solo queremos que nuestros compañeros que cubren las cámaras puedan estar a salvo”, agregó.
Por su parte, Diego Da Re destacó que “es fundamental que los presidentes de las cámaras, en su rol se pronuncien de manera clara y contundente contra este tipo de iniciativas”.
«Le vamos a pedir que marquen postura firme en defensa de la libertad de prensa y Difusión», refirió el comunicador.
Indicó además que «una reglamentación que busca limitar el ejercicio del periodismo representa una censura».
La nota donde se solicita una audiencia con Raúl Latorre, presidente de la cámara baja tuvo mesa de entrada en Diputados.
Cabe destacar que el diputado Yamil Esgaib protagonizó hechos de violencia en contra de las periodistas Fiona Aquino de ABC Color y Rocío Pereira Da Costa de Telefuturo mientras realizaban su tarea en la cámara de Diputados. Tras lo ocurrido, Esgaib pretende la aprobación en el Reglamento de la cámara de limitaciones a zonas de acceso para los trabajadores de los medios de comunicación, buscando impedir el libre ejercicio del periodismo, y así evitar rendir cuentas a la ciudadanía por sus actos.
