La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley «Que regula la organización administrativa del Estado»; iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y que ya contaba con visto bueno del Senado. Así las cosas, hubo sanción para el presente documento.
Los diputados explicaron que la finalidad es lograr una organización administrativa eficiente en las instituciones públicas, lo que contribuirá a responder adecuadamente a las necesidades de la población.
“Establece criterios, principios, metodologías y normas generales para regular el proceso de modernización de la gestión del Estado; en particular, de las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. El objetivo es evitar la duplicación y superposición de funciones”, comentó la diputada Cristina Villalba, titular de la Comisión de Presupuesto.
A su turno, el diputado Luís Federico Franco reclamó que con la aprobación de este tipo de proyectos, también se den a conocer resultados.
Enfatizó que las leyes, una vez aprobadas, no deben ser letra muerta.
“Hasta ahora no tenemos resultados de las fusiones de las diferentes instituciones. Al hablar de reorganizar el Estado, debemos crear leyes y no dejarlas en letra muerta una vez aprobadas”, dijo.
Seguidamente, el diputado Hugo Meza, por la Comisión de Asuntos Económicos, remarcó que la propuesta busca una mayor eficiencia de las instituciones.
“Es una ley marco mediante la cual se va a regir el destino del Estado paraguayo y mediante la cual se busca una mayor eficiencia y optimización de los recursos”, acotó.
Fundamentó que esto será positivo ya que la ciudadanía desea resultados y que el dinero invertido en impuestos sea retribuido con una mayor y mejor gestión pública.
Cabe resaltar que el Ministerio de Economía y Finanzas será autoridad de aplicación en esta ley.
Como atribuciones, vale citar que categorizará las instituciones del Poder Ejecutivo por niveles, conforme a la complejidad de las labores; y establecerá metodologías que permitan centralizar unidades y sub unidades de administración y finanzas, con el objetivo de una mejor gestión y optimización del gasto público.
Pasa al Poder Ejecutivo para la promulgación. Fuente: Diputados