Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplia el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos, presentado por el Diputado Yamil Esgaib.
Lo que se busca es un endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, y cuando las fugas sean colectivas.
El proyecto establece tres modificaciones principales: Por un lado, mantiene la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno.
Por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de «hasta siete años» (como contempla la ley actual) a un rango de «cuatro a diez años» de privación de libertad.
Introduce, por último, un nuevo agravante para casos de «fuga masiva», estableciendo una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.
Fundamentos de la propuesta
En la exposición de motivos, el diputado Esgaib argumenta que la experiencia reciente demuestra que las fugas son, generalmente, propiciadas con apoyo externo, muchas veces en connivencia con personal penitenciario, atraídos por organizaciones criminales que les alientan apelando a la baja penalización actual del delito.
«La información de inteligencia penitenciaria es constante y coincidente en que las fugas de internos pertenecientes a grupos o bandas de organizaciones criminales violentos es propiciada desde el exterior, buscando la complicidad de los agentes penitenciarios», señala el documento.
El legislador destaca, además, que estas operaciones suelen contar con «evidente y sustancioso apoyo logístico» y grandes sumas de dinero invertidas en la planificación y ejecución, beneficiando, principalmente, a reclusos considerados de «alta peligrosidad».
Tras su ingreso al circuito legislativo, se dispuso que el proyecto sea remitido, para su estudio y consideración, a las comisiones de Asuntos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y a la de Reestructuración y Modernización del Estado.
