La Cámara de Diputados, Sobre Tablas, durante la sesión ordinaria de la fecha, concedió media sanción al proyecto de ley “Que modifica y amplia el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos.
La iniciativa legislativa propone un endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario.
El proyecto establece dos modificaciones principales: por un lado, eleva de tres a cinco años la pena base para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno; mientras que, por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de «hasta siete años» (como contempla la ley actual) a un rango de «cinco a quince años» de privación de libertad.
Modificación propuesta
El referido Art. 294, referente a la “Liberación de Presos”, quedó redactado de la siguiente manera:
“El que liberara a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Será castigada también la tentativa.
Cuando el autor:
1) Fuera funcionario público o prestare servicio en la institución penitenciaria; y
2) Estuviera especialmente obligado a evitar la evasión, se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años”.
El diputado Yamil Esgaib, en calidad de proyectista del documento, argumentó que la experiencia reciente demuestra que las fugas son, generalmente, propiciadas con apoyo externo, muchas veces en connivencia con personal penitenciario, atraídos por organizaciones criminales que les alientan apelando a la baja penalización actual del delito.
«La información de inteligencia penitenciaria es constante y coincidente en que las fugas de internos pertenecientes a grupos o bandas de organizaciones criminales violentos es propiciada desde el exterior, buscando la complicidad de los agentes penitenciarios», señala la exposición de motivos.
El legislador destacó, además, que estas operaciones suelen contar con «evidente y sustancioso apoyo logístico» y grandes sumas de dinero invertidas en la planificación y ejecución, beneficiando, principalmente, a reclusos considerados de «alta peligrosidad».
Tras la aprobación del proyecto, la presidencia dispuso que el documento sea remitido a la Cámara de Senadores, para su siguiente trámite constitucional. Fuente: Diputados
