Un importante operativo contra el contrabando de residuos reciclables tuvo lugar ayer miércoles en Pedro Juan Caballero, donde agentes del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) allanaron tres grandes depósitos vinculados a una estructura dedicada presuntamente al tráfico ilícito de desechos y evasión de impuestos.
La intervención, liderada por la fiscal Katia Uemura, permitió incautar una gran cantidad de plásticos y otros residuos sólidos que eran acopiados para ser trasladados de forma ilegal hacia Brasil, aprovechando la permeabilidad de la frontera seca. Aunque aún no se ha precisado el volumen total de lo incautado, se trata de materiales que debían estar sujetos a estrictos controles ambientales y comerciales.
Según las investigaciones, la red venía operando desde hace varias semanas, movilizando cargas destinadas supuestamente al reciclaje, pero sin cumplir con los requisitos legales ni tributarios, y evadiendo toda fiscalización estatal.
La operación coincide con un momento clave a nivel legislativo: este mismo jueves, el Senado aprobó un proyecto de ley que busca regular el comercio de residuos reciclables, especialmente metales ferrosos, no ferrosos y plásticos PET. La normativa propone un marco regulatorio para asegurar que este tipo de comercio se desarrolle dentro de condiciones legales, sostenibles y con trazabilidad.
Desde la comisión técnica que acompañó el proceso legislativo explicaron que el objetivo principal de la ley es ordenar el sector del reciclaje, prevenir el daño ambiental, evitar el contrabando y asegurar que el reciclaje sea una actividad económica formal y controlada.
La convergencia entre las acciones operativas en la frontera y el avance legislativo en el Congreso marca un cambio de rumbo en la gestión de residuos en el país, en un intento por frenar el tráfico ilegal de desechos y dar lugar a una industria del reciclaje más segura, transparente y responsable
