Miembros de la Comisión de Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Dalia Estigarribia dieron dictamen de rechazo al proyecto de ley que propone la modificación de los artículos 22, 25 y 27 de la Ley Nacional de Tránsito.
El documento fue impulsado por el legislador Derlis Rodríguez y plantea bajar la edad habilitante para obtener licencias de conducir, a los 16 años de edad.
El marco legal vigente establece la mayoría de edad (18 años), como requisito mínimo para conducir; en coherencia con el desarrollo físico, emocional y cognitivo necesarios para asumir la responsabilidad que implica manejar un vehículo, según recordaron desde el bloque.
De acuerdo al parecer de los legisladores, bajar la edad habilitante a 16 años incrementaría el riesgo en un segmento ya altamente vulnerable.
Al respecto, sostuvieron que, según datos oficiales, el grupo etario más afectado por siniestros de tránsito en Paraguay, comprende jóvenes de entre 15 y 34 años, concentrando el 61 % de los lesionados.
Hacen referencia a una inmadurez comprobada, pues de acuerdo a estudios técnicos, los adolescentes de 16 y 17 años presentan inmadurez en su desarrollo integral, lo que afecta capacidades de toma de decisiones rápidas y responsables en el tránsito.
En la propuesta de modificación se indica que, a pesar de no estar legalmente habilitados, existe una gran cantidad de menores de 16 años que ya se encuentra al mando de vehículos.
“No se soluciona la informalidad legalizando la irresponsabilidad”, refiere un informe remitido por el estamento.
Agrega que la existencia de menores conduciendo vehículos de forma ilegal no debe corregirse habilitándolos, sino reforzando la fiscalización y sanción de las infracciones.
Sugiere que en vez de habilitar adolescentes para conducir vehículos motorizados, se debe fomentar el uso de bicicletas; la expansión del transporte público; y la educación vial.
Con relación a la responsabilidad parental y del Estado, los integrantes de la comisión coinciden en que permitir que padres gestionen autorizaciones judiciales para sus hijos menores no resuelve el problema de fondo, sino que expone a los menores, y a terceros, a mayores riesgos. Fuente Diputados
