El director de Ingresos Tributarios, DNIT, Oscar Orué confirmó en declaraciones a Cardinal que recibió «pedido de apertura de local sancionado» y también amenazas del senador colorado, recientemente incorporado a la cámara, Alfonso Noria, lo que claramente se constituye en «uso indebido de influencias», causal de «pérdida de investidura».
Noria asumió la banca dejada por Gustavo Leite quien fue designado como embajador ante el gobierno de Estados Unidos.
Orué reveló que esta semana procedieron al cierre de varios locales comerciales en Curuguaty, por disposición judicial y tras haber corroborado con «compras simuladas» que no emitían facturas legales, lo que motivó aparentemente al senador Noria a llamarlo a pedir la apertura, incluso a amenazar a Orué por las medidas aplicadas.
«El martes hicimos un cierre de locales por no expedir facturas. Son negocios bastante grandes. Recibí la llamada como para que podamos abrir nuevamente. La presión fue muy fuerte», resaltó el alto funcionario.
«Hubo discusiones, insultos. Estuve a punto de denunciar, pero, como me llamó a pedir disculpas, no lo denuncié», agregó Orué.
Reconoció sin embargo que se trata de una situación sumamente grave, y calificó de «retroceso» a toda la tarea que vienen desempeñando para erradicar este tipo de prácticas.
«Es un caso grave, es un retroceso para el trabajo que estamos haciendo. No conté a nadie. Es una cadena en Curuguaty», resaltó Orué.
«Yo le reté más grande (al senador Alfonso Noria). La gente que me conoce sabe que no me voy a quedar callado. Le dije que estaba equivocado. No recuerdo que le dije pero sí me puse nervioso. No sé si estaba obligado a hacer la denuncia. Si esto prosperaba, iba a ser un retroceso. Nos pusimos firmes y no ceder ante la presión», resaltó.
Reveló que también recibió la llamada de la diputada Cristina Villalba, aunque aclaró que fue de manera»amable» solo preguntándole «que pasó» y sugiriendo que se de charlas a los comerciantes sobrela emisión de facturas.
Claramente, Noria cometió uso indebido de influencias, que es causal de pérdida de investidura, tal como establece el artículo 201 de la Constitución Nacional.
