La causa por la presunta cesión irregular de 310.000 hectáreas en el Chaco continúa sin avanzar debido a reiteradas excusaciones y recusaciones, mientras la parte denunciante advierte un posible intento de dilatar el proceso, señaló el abogado Francisco de Vargas.
A mediados de abril de este año, la acusación por prevaricato contra la exjueza Tania Irún fue elevada a juicio oral y público. Sin embargo, el proceso aún no llega a su etapa inicial a causa de una serie de inhibiciones presentadas por magistrados, lo que ha impedido la conformación del tribunal.
El abogado Francisco de Vargas explicó que el caso se origina en la supuesta cesión irregular de unas 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza del Chaco a empresas extranjeras de paraísos fiscales. La denuncia fue promovida por la Asociación del Espíritu Santo, que sostiene que el proceso se encuentra estancado pese a los reiterados pedidos de avance.
“Nos encontramos urgiendo y solicitando que las cuestiones pendientes se resuelvan para que esto pueda avanzar. Nuestra labor en alguna medida ya debe exceder lo procesal, porque procesalmente no tenemos más herramientas. Los magistrados deben darse cuenta de que esta es una causa importantísima, donde está en juego nada menos que el territorio nacional”, expresó De Vargas.
Hasta el momento son ya nueve los magistrados se han inhibido de intervenir en la causa. Entre ellos figuran Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete, José Gualdir, Arnulfo Arias, Viviana Benítez, Delio Navarro, Jesús Riera, Arnaldo Fleitas y Agustín Fernández, todos por distintos motivos, como haber intervenido previamente en etapas del proceso, vínculos de amistad con la acusada o participación en otras causas relacionadas.
El abogado Francisco De Vargas explicó que esta situación obstaculiza el desarrollo del proceso y retrasa la posibilidad de debatir si la exmagistrada incurrió o no en el delito de prevaricato al ceder tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
De Vargas añadió que han transcurrido más de seis meses sin avances concretos y que los plazos procesales se encuentran prácticamente agotados debido a las inhibiciones y recusaciones planteadas por la defensa.
