El juicio oral y público contra la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún Ayala continuó este viernes en su segunda jornada de debate con la declaración de varios testigos ante el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Rossana Maldonado, Juan Francisco Ortíz y Lourdes Garcete.
La exmagistrada se encuentra procesada por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, luego de haber dictado en el año 2018 una resolución que otorgó unas 310.000 hectáreas de tierras en el Chaco a cuatro empresas offshore, en presunta contravención a la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Los inmuebles, valuados en más de USD 500 millones, pertenecían a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
Durante la etapa de producción probatoria, la titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Poder Judicial, Rosaliz Chamorro, detalló los resultados de la auditoría informática realizada al sistema electrónico Judisoft. La funcionaria refirió que la Sentencia Definitiva del 23 de noviembre de 2018 no se alzó desde la cuenta de la magistrada, sino desde el usuario de la ujier notificadora del juzgado, Liz Cáceres.
Posteriormente, la exujier Liz Cáceres prestó declaración y reconoció haber cargado el documento al sistema, aclarando que en ese periodo la tramitación era en formato físico y con firma manuscrita. La exfuncionaria aseguró que ella no redactó la resolución y que únicamente cumplió la indicación de alzar el texto dispuesto por la exjueza.
En el marco de las testificales, prestó declaración Evaristo Fernández, presidente de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, entidad supuestamente afectada por el fallo civil. El denunciante describió ante los magistrados de qué manera la exjueza habría firmado la resolución «a distancia» mientras usufructuaba su permiso de maternidad, lo que derivó en la supuesta obligación de transferir inmuebles valuados en más de USD 500 millones.
Por su parte, la agente fiscal Silvia González resaltó que la acusación sostiene que la procesada no habría corroborado la nacionalidad de los accionistas ni la condición nominativa de las acciones de las sociedades beneficiadas.
“La acusación sostenida por el Ministerio Público es que al momento de firmar la resolución la jueza no había corroborado la nacionalidad de los integrantes de estas sociedades. Estamos hablando que son personas jurídicas, entonces los titulares son accionistas, por una cuestión de seguridad nacional se tenía que haber corroborado la nacionalidad de las mismas”, explicó la agente fiscal Silvia González tras la segunda jornada del juicio oral y público.
La fiscala hizo énfasis también en la secuencia temporal en la que se emitió el fallo cuestionado.
“Llamó la atención ya que estamos hablando que el expediente tenía en ese entonces aproximadamente 12 tomos, bien voluminoso y estuvo ausente dos meses”, agregó González, al recordar que la exjueza usufructuaba un permiso de maternidad, solicitó su reincorporación el 20 de noviembre de 2018 y solo tres días después, el 23 de noviembre, firmó la resolución que cedía las tierras protegidas a las firmas extranjeras.
El juzgamiento proseguirá en los próximos días con la recepción de más pruebas testificales y documentales.
