La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, reveló que el Estado destina en promedio USD 130 millones al año para dar cumplimiento a resoluciones judiciales relacionadas con amparos, principalmente para la provisión de medicamentos de alto costo. Explicó que durante el 2025 se registraron 1.500 amparos, mientras que hasta julio de este año ya fueron presentados 500 nuevos recursos, lo que evidencia la creciente presión sobre el presupuesto sanitario.
En ese contexto, la ministra respaldó el estudio del proyecto de ley que establece un régimen presupuestario específico para los gastos derivados de los amparos judiciales y crea la Comisión Nacional de Evaluación y el Registro de Amparos en Emergencias Médicas. Según indicó, la iniciativa busca dotar de mayor previsibilidad al financiamiento de estos casos y optimizar el uso de los recursos públicos sin afectar la atención de los pacientes que requieren tratamientos de alta complejidad.
Barán también se refirió a la huelga anunciada por los gremios médicos y aseguró que el Gobierno mantiene abierto el diálogo para evitar la medida de fuerza. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo por mejores salarios, aclaró que una eventual recomposición salarial depende del Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, destacó que el Ejecutivo ya adoptó medidas para flexibilizar los horarios laborales, permitiendo que los profesionales incrementen sus ingresos, y anunció una nueva reunión con los representantes del sector en busca de alcanzar un acuerdo que permita garantizar la continuidad de los servicios de salud.
