El juicio oral y público contra la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún Ayala entró en su etapa decisiva con la presentación de los alegatos finales de las partes acusadoras. El Ministerio Público, representado por los fiscales Silvia González y Christian Benítez, solicitó formalmente una condena de tres años de pena privativa de libertad para la exmagistrada, procesada por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato.
Por su parte, la representación de la querella adhesiva, ejercida por el abogado Francisco José De Vargas en nombre de la Asociación del Espíritu Santo, requirió al Tribunal de Sentencia una condena de seis años de cárcel para la procesada.
Durante la exposición de sus conclusiones, el fiscal Christian Benítez sostuvo que la acusada dictó una resolución arbitraria al adjudicar 310.000 hectáreas de tierra en la región Occidental —valuadas en unos USD 500 millones— a favor de sociedades offshore, omitiendo exigencias legales de orden público.
“En este caso no existen opciones interpretativas de la ley; aquí la ley era clara. Entonces, la violación de la ley fue totalmente flagrante”, afirmó Benítez ante el Tribunal de Sentencia.
La Fiscalía remarcó que no se trató de un error de interpretación judicial, recordando que en el año 2015 la propia exjueza había reconocido la falta de documentación sobre las firmas demandantes. Asimismo, la representación fiscal cuestionó las circunstancias en que la procesada interrumpió su licencia de maternidad para emitir la sentencia, señalando que los estatutos de las firmas beneficiadas permitían la transferencia de acciones por simple endoso, aspecto expresamente prohibido por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
El agente fiscal enfatizó que la actuación de la exmagistrada generó un despojo ilegal de tierras ubicadas en la franja de seguridad del territorio nacional, favoreciendo a una de las partes en litigio en perjuicio de la entidad religiosa demandada.
