El abogado Francisco de Vargas, en representación de la Asociación Espíritu Santo, presentó una nota formal ante el ministro de Defensa Nacional, general de Ejército (R) Oscar Luis González Cañete, para comunicar que quedó firme la Sentencia Definitiva N.º 384 del 18 de agosto de 2026, dictada en la causa penal a la exjueza Tania Irún.
En la presentación, el profesional letrado remarcó que el fallo judicial declaró de manera expresa e indiscutible que la exmagistrada violó la Ley N.º 2.532/05 «De Seguridad Fronteriza» al dictar en 2018 la S.D. N.º 494. Mediante dicha resolución se dispuso la transferencia de 310.000 hectáreas en Alto Paraguay a favor de las firmas offshore Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, sin verificar previamente la identidad de sus accionistas ni sus estatutos societarios, tal como lo exige el artículo 4.º de la norma.
Con el respaldo de la sentencia firme, la representación querellante solicitó al Ministerio de Defensa que active los mecanismos institucionales para que la Procuraduría General de la República promueva una acción judicial tendiente a declarar la nulidad absoluta de la resolución y de los títulos de propiedad otorgados a las firmas extranjeras.
«Estamos solicitando que inicie, a través de la Procuraduría General de la República, una acción judicial que declare la nulidad de la resolución que ordena la titulación de las 310.000 hectáreas a favor de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar y Elite Kingdom», explicó el abogado Francisco de Vargas.
Respecto al peso que tiene el fallo en el ámbito penal para revertir la entrega de las tierras en el Chaco, de Vargas enfatizó que «la Sentencia 384/26 en su considerando señala que es indiscutible que la sentencia 494/18 dictada por Tania Irún violó la Ley de Seguridad Fronteriza».
La solicitud ante el estamento militar se fundamenta en el artículo 13 del Decreto N.º 7.525/11, reglamentario de la legislación fronteriza. La norma faculta a la Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad Fronteriza a impulsar acciones legales por medio de la Procuraduría General de la República en caso de detectarse irregularidades en actos jurídicos sobre inmuebles situados dentro de la franja protegida de frontera.
