La condena de Hernán Rivas a ocho años de prisión reavivó el reclamo de sectores de la oposición para que la investigación no se limite al exsenador y determine quiénes participaron o facilitaron su llegada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Legisladores opositores sostienen que Rivas no llegó solo al organismo y reclaman analizar las eventuales responsabilidades políticas de quienes respaldaron su designación.
La senadora Esperanza Martínez cuestionó la idea de que Rivas simplemente haya “engañado a todos” y pidió identificar a quienes pudieron haber tenido responsabilidad política en su ascenso. Por su parte, Yolanda Paredes sostuvo que la condena debe ser apenas el inicio de nuevas investigaciones y afirmó que “cayó el peón, pero no los patrones”, planteando además indagar el origen y validación de la documentación utilizada por Rivas. Estas son afirmaciones de las legisladoras y no conclusiones establecidas por la sentencia.
Incluso desde el oficialismo surgieron pedidos para profundizar las pesquisas. El líder de Honor Colorado, Natalicio Chase, reconoció la responsabilidad institucional del Senado en la designación y planteó modificar el reglamento interno de la cámara y los mecanismos de verificación, para evitar posteriores designaciones irregulares. De esta manera, el caso abre ahora una segunda discusión política: además de la responsabilidad penal individual de Rivas, determinar cómo funcionaron los controles institucionales que permitieron su llegada a uno de los organismos claves del sistema de Justicia.
