La Asociación Espíritu Santo y una fundación que reclama derechos sobre parte de los inmuebles realizaron presentaciones ante instituciones públicas para advertir sobre presuntas irregularidades en las transferencias de más de 310.000 hectáreas. La denuncia también expone presuntos vínculos del expresidente Santiago Peña y empresario del sector de cabono.
El abogado Francisco de Vargas, representante legal de la Asociación Espíritu Santo, cuestionó la falta de acciones de las instituciones públicas ante las denuncias sobre las transferencias de más de 310.000 hectáreas de tierras en el Chaco paraguayo. Entre los organismos señalados se encuentra el Registro Unificado Nacional (RUN), que recibió varias presentaciones relacionadas con las operaciones registrales de los inmuebles.
El tema fue expuesto ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Indert, presidida por el senador Líder Amarilla, que busca recabar información sobre posibles irregularidades en distintas instituciones públicas. Según De Vargas, se realizaron 95 presentaciones y actuaciones, cuatro de ellas ante la entonces Dirección General de los Registros Públicos, actualmente RUN.
Además de la Asociación Espíritu Santo, también presentó denuncias la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas del Norte y del Sur, representada por los abogados Milciades Benítez y el exministro de Hacienda Benigno López. Una de sus presentaciones, fechada el 7 de septiembre de 2026, fue dirigida a la directora general del RUN, Lourdes González.
En el escrito, la Fundación solicitó que se investiguen presuntas irregularidades registrales relacionadas con cinco inmuebles ubicados en el distrito de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay. También pidió un dictamen de la asesoría jurídica, el resguardo de los asientos registrales y que los antecedentes sean remitidos al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para una eventual investigación del magistrado y del escribano intervinientes.
La organización pidió igualmente que, si durante el sumario se encuentran indicios de fraude de ley que pudieran configurar evasión tributaria, los antecedentes sean comunicados al Ministerio Público.
La Asociación Espíritu Santo también cuestionó la falta de intervención de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Marco Aurelio González, pese a las denuncias presentadas sobre las transferencias de las tierras.
CONTRATOS EN EL EXTERIOR
La Fundación sostiene que las operaciones que dieron origen a las transferencias se apoyan en una sucesión de contratos privados celebrados entre empresas de distintos países, cuya validez y efectos sobre inmuebles paraguayos deben ser examinados conforme a la legislación nacional.
Benigno López cuestiona que una cadena de operaciones haya sido utilizada para obtener la transferencia judicial de propiedades situadas en Paraguay sin que, según sostiene, se hayan verificado previamente todas las exigencias civiles, registrales y tributarias nacionales.
LEY DE SEGURIDAD FRONTERIZA
Otro de los cuestionamientos se relaciona con la aplicación de la Ley N.º 2532/05, que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay.
La Fundación acompañó antecedentes judiciales vinculados con la actuación de la exjueza Tania Irún, quien había ordenado en 2018 la escrituración de inmuebles a favor de cuatro sociedades extranjeras: Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited.
En los fundamentos de la sentencia dictada el 11 de agosto de 2026, el Tribunal de Sentencia integrado por Rossana Maldonado, como presidenta, y Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, como miembros titulares, señala que se violó la Ley e Seguridad Fronteriza.
“Así las cosas no existen dudas de que la entonces magistrada Abog. Tania Irún ciertamente violentó el art. 4 de la Ley N° 2532/05 al no tener a la vista quienes eran los accionistas de las empresas (…) si la acciones eran nominativas y no endosables a fin de hacer lugar a la demanda en cuestión”, señala el fallo.
OFFSHORES Y NEGOCIO DE CRÉDITOS DE CARBONO
Las cuatro sociedades que reclaman derechos sobre las tierras chaqueñas están constituidas en jurisdicciones extranjeras: Cusabo Limited y Kyveloria Limited, en Chipre, y Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, en las Islas Vírgenes Británicas.
La representación de estas empresas está vinculada al empresario Kiantar Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, a quien el abogado Francisco de Vargas señala como socio comercial de Gonzalo Peña, hijo del expresidente Santiago Peña.
Según la exposición ante la comisión especial del Senado, ambos mantendrían vínculos societarios y comerciales. De Vargas también mencionó publicaciones periodísticas sobre la participación en actividades vinculadas con la COP28 y foros sobre créditos de carbono con Peña, su hijo, Betancourt y hasta Alejandro Gómez Abente, director del banco Ueno.
El modelo comercial denunciado consiste en aprovechar la capacidad de absorción de dióxido de carbono de los bosques para generar créditos que posteriormente pueden ser adquiridos por empresas interesadas en compensar sus emisiones. La actividad está regulada en Paraguay por la Ley N.º 7190/23, promulgada a tambor batiente durante los primeros meses del gobierno de Santiago Peña en octubre de 2023
