La agente fiscal Lorena Ledesma, imputó a Cristino Aranda (53), Aldo Rodríguez Ruíz (32) y Darío Montiel (53), por la presunta comisión de los hechos punibles de Extorsión Agravada, Asociación Criminal ya que presuntamente formaban parte de un grupo organizado que operaba en la zona interviniendo cargas de drogas llegadas al país y extorsionando a delincuentes.
El ministerio Público afirma que los mismos accediendo a información privilegiada valiéndose de su cargo y estructura, operaban al margen, de manera a no comunicar a la Fiscalía y a Órganos Jurisdiccionales sobre presuntos delitos, para cometer hechos punibles.
Tras un trabajo de investigación se llegó a la identificacion de un grupo criminal dedicado al transporte de cocaína desde Bolivia hasta el país, especificamente hasta el dpto. de San Pedro y una vez allí, la droga era de vuelta trasladada a diversos puntos, con destino final al extranjero.
La Fiscalía encabezó un allanamiento en la localidad de Hugua Guazú, oportunidad en que se encontró una avioneta con matrícula boliviana que contenía 302 kilos de cocaína, oportunidad en que detuvieron a 7 policías.
Los uniformados presuntamente intervinieron sin una orden judicial y habrían solicitado dinero a los miembros de la banda, para liberar la carga de droga, al mismo tiempo los habrían amenazado con matarlos y llevarse las sustancias estupefacientes.
Según investigaciones, el Comisario Cristino Aranda, director de Policía de San Pedro, lideraba a un grupo de agentes de la Policía Nacional, que se organizaron jerárquicamente a fin de exigir sumas de dinero a cambio de liberar cargas de cocaína en la zona. De dicho grupo presuntamente formaban parte también Aldo Ruíz y Darío Montiel, jefes de la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray y de la GEO de San Pedro, respectivamente.
Según el acta de Imputación, los ahora investigados habrían obrado desde el lugar en el que se desempeñaban en la Policía Nacional para obtener un beneficio económico indebido a través de una simulación de vigilancia en carácter preventivo.
Por un lado el líder del grupo, Aranda se habría válido de sus posición jerarquica para armar el grupo, dar ordenes y además habría dispuesto arbitrar el soporte con apariencia legal.
Por otro lado, Darío Montiel según se sospecha, coordinó la planificación y el posterior ingreso al inmueble en Hugua Guazú y en su rol de jefe de Comisaría, inclusive autorizó, a un suboficial a participar del procedimiento.
Asimismo, Aldo Ruíz habría brindado soporte legal a la conducta, al comunicar supuestas tareas de vigilancia preventiva en la zona con coordenadas erróneas y además habría entregado armas para concretar el hecho.
