Luego de la modificación del Código Procesal Penal buscando descomprimir la sobrepoblación en las cárceles por el exceso de la prisión preventiva, se determinó que más procesados puedan ser beneficiados con medidas alternativas a la prisión, pero con la utilización de dispositivos electrónicos que permitan el monitoreo y control.
El ministerio del Interior encabeza el proceso de reglamentación y trabaja de manera conjunta con el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, y representantes de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados del Paraguay.
El plazo para la reglamentación es de 60 días. “El plazo requiere también una serie de ajustes tecnológicos. Implica una serie de insumos para la cobertura necesaria. La aplicación será en forma progresiva.
El monitoreo tiene que ser eficaz, idóneo y rápido, para que pueda darse el informe correspondiente en forma oportuna, en caso de la violatoria”, explicó el Director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Dr. Ramiro Ocampos.
El monitoreo, control y la elevación de informes estará a cargo del Sistema 911, que de esta manera, suma una función más a su labor de prevención en materia de seguridad. La implementación será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
